La comisión investigadora de la cripto estafa $Libra en Diputados apeló ayer la decisión del Juzgado Federal N.º 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que impide llevar funcionarios de gobierno por la fuerza pública para lograr que acudan a las citaciones, cuando se niegan sistemáticamente a hacerlo. Es el caso, entre otros, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien no acudió a las citaciones ni por esta causa ni por la de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La comisión busca “reafirmar el compromiso de esclarecer las responsabilidades políticas, financieras y administrativas” en torno al funcionamiento de la criptomoneda promocionada por el Presidente y la millonaria estafa que promovió. Ante la negativa en esta instancia judicial, la comisión dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema.
En los argumentos, el presidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro, recordó que el artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 32, determina la atribución del Congreso nacional de ejercer “la potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno”. Según la comisión, la decisión judicial que impide el auxilio de la fuerza pública en estos casos “lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político”.
Alejandro Melik (titular de la Oficina Anticorrupción), María Florencia Zicavo (responsable del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y designada por el Gobierno para investigar el caso Libra), Paulo Starc (titular de la Unidad de Investigaciones Financieras) y Roberto Emiliano Silva (presidente de la Comisión Nacional de Valores) son otros funcionarios citados por la comisión en varias oportunidades, y que nunca acudieron ante la comisión parlamentaria.
Un poder que encubre
En una resolución de 24 páginas, Martínez de Giorgi había argumentado que sería “constitucionalmente inadmisible” que una comisión parlamentaria extienda sus atribuciones mediante normas internas, sin respaldo legal. “El Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa”, había dictaminado al respecto el fiscal Eduardo Taiano, citado en el fallo del magistrado.
La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva había cuestionado a Taiano por “obstaculizar” la tarea de la comisión, que dentro de las facultades conferidas por el reglamento aprobado por el pleno tiene la de solicitar el auxilio de la fuerza pública al Poder Judicial. “Hay muchos funcionarios que se están apoyando en estos dictámenes para naturalizar no tener que cumplir con el deber de venir a dar explicaciones a esta comisión”, argumentó. “Tenemos un Poder Ejecutivo que encubre a estos funcionarios para que no lo hagan, por lo que sería alarmante que la Justicia estuviera en sintonía con este hecho de que la comisión no pueda avanzar seriamente con esta investigación”.
División de poderes
“Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática”, reclama el escrito.
El núcleo del cuestionamiento es que la resolución de Martínez de Georgi desconoce la autonomía del Poder Legislativo, y en cambio “pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial”. Desde la comisión investigadora advierten que la resolución del juez sienta un precedente peligroso, al restringir las potestades del Congreso para ejercer control político.
“Investigar no es un capricho. Tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, remarcaron los diputados.
El caso $LIBRA es hoy uno de los temas más sensibles en el Congreso. La comisión bicameral busca determinar si existieron irregularidades en la operatoria, y deslindar responsabilidades en la administración pública y en organismos de control financiero.
En estas circunstancias, el diputado de la Coalición Cívica dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema “para garantizar el pleno ejercicio del control legislativo”.
