Comenzó el tire y afloje por las condiciones y el lugar de detención de Cristina Kirchner 

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El peronismo prepara una gigantesca movilización para cuando Cristina Fernández de Kirchner se presente en Comodoro Py, el momento en que se haría efectiva su detención como consecuencia de la sentencia de la Corte Suprema que dejó firme su condena en el caso “Vialidad”. Esto ocurriría el miércoles próximo, cuando se cumplen los cinco días hábiles de plazo que fijó del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) para que se presenten los nueve condenados. La decisión es acompañarla a toda hora y en todo lugar. Las acciones de resistencia política frente al Poder Judicial, envalentonado en sintonía con el poder económico, se multiplican y recalientan. Por lo pronto el tribunal en pleno rechazó el reclamo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que querían el encarcelamiento inmediato. Todo esto ocurre en medio de presiones de los medios afines al gobierno y al macrismo para acelerar los plazos y que a CFK se le niegue la prisión domiciliaria que solicitó. Algunos llegaron al grotesco de hacer afirmaciones como que “temen que se vaya a Cuba”. 

Cada decisión que toma el TOF2, encargado de ejecutar las penas que la Corte Suprema convalidó en el fallo que proscribió a la expresidenta, es interpretada con alguna cuota de malicia. El tribunal, por ejemplo, le notificó a la Policía de la Ciudad que necesitará su “colaboración” para “materializar las diligencias correspondientes” para concretar la “detención” de quienes fueron condenados “a medida que se apersonen” en Comodoro Py “durante el transcurso del plazo que les fue conferido a ese fin”. Hubo quienes a partir de esto infirieron que ya habían mandado a detener a CFK. Es un dato llamativo, a su vez, que los jueces no hayan convocado a ninguna de las fuerzas federales, que dependen de la ministra Patricia Bullrich, para esta tarea. En el los tribunales de Retiro, además, están la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).  

De todos modos, el juez Jorge Gorini le había pedido al Ministerio de Seguridad que le indicara cuáles podían ser los lugares de alojamiento carcelario más convenientes, de cualquiera de las fuerzas, según características de cada una de las personas implicadas en el fallo de la Corte. El TOF2 decidió mantener en reserva el informe que Bullrich envió en respuesta. No le dio acceso a ninguna de las defensas. Esto generó especulaciones y rumores tales como que el Gobierno se inclinaba por que Cristina quedara detenida en el hospital penitenciario de algún penal federal. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió que la detención se maneje sin “show” (como fue costumbre en los tribunales federales durante el macrismo). “Debería respetarse esa intimidad. Es un momento duro, una condena a seis años de prisión, la suspensión de todos los derechos políticos, no es un tema sencillo…”, dijo. Para equilibrar pidió que “no se genere un show de ningún lado” al apuntar a la militancia movilizada. El Gobierno repite intentos por despegarse de la decisión de la Corte pese a que en marzo Milei anunció: “va a ir presa”.

Los fiscales Luciani y Mola, quienes en agosto de 2022 montaron un alegato con aires de espectáculo en el caso Vialidad, siguen en la misma línea y con ensañamiento pidieron detenciones inmediatas. Se quejaron de que los cinco días hábiles en realidad eran ocho porque había un fin de semana y un feriado en el medio. El TOF2 les respondió con firma de sus tres integrantes (además de Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) que esa decisión estaba justificada, que se está evaluando cada caso, que algunos de los condenados están en otras provincias y puso énfasis en “la situación específica de quien es ex Presidenta y Vicepresidenta de la Nación, cuya seguridad es una cuestión de Estado”. Pero, además, les cuestionó a los fiscales que hablaban de peligros procesales (fuga, en esencia) “de los cuales no dan cuenta de manera ni siquiera conjetural”. 

Gorini había librado una notificación a la Dirección de Migraciones una vez que la Corte confirmó las condenas, una medida habitual, más allá de que los acusados siempre hayan estado a disposición de la justicia, sin poner obstáculos. “Cristina no se va a fugar como hicieron otros”, dijo su abogado, Carlos Beraldi, ante un enjambre de micrófonos, en alusión al operador macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien estuvo tres años en Uruguay para eludir una indagatoria y volvió como si nada. Las versiones absurdas decían que CFK se iba a ir a Cuba o algún país que no tenga tratado de extradición. 

Este jueves envió también un oficio a la Anses “a fin de informar a sus efectos de las condenas firmes recaídas respecto de Lázaro Antonio Báez, Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner, Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibañez y Raúl Osvaldo Daruich”. Eso señalaron. Los defensores interpretan que sería para embargar jubilaciones que superen la mínima. Algunos jueces suelen interpretar que la situación de un condenado es equiparable a un juicio político y que, por ende, hay que quitarle la jubilación. Sin embargo, hay un antecedente de la Corte Suprema que le permitió a Jaime Smart, ministro de gobierno bonaerense durante el terrorismo de Estado, condenado por crímenes de lesa humanidad, cobrar su jubilación de privilegio por su actuación como juez pese a su situación judicial. 

Como informó Página/12, el juez Gorini había pedido un informe socio ambiental respecto de CFK y la vivienda que ofreció para cumplir la pena en prisión domiciliaria (San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires). Pero ahora se dispuso ampliar ese informe encomendado a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal de modo de que incluya “una descripción de las inmediaciones y del barrio en general, la actividad vehicular y peatonal de la zona; características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se estime de relevancia a los fines de poder valorar el cumplimiento de arresto bajo la modalidad domiciliaria en dicho lugar”. Como está a la vista de todo el mundo, por estas horas los alrededores de la vivienda están llenos de simpatizantes que van a dar apoyo a la expresidenta y se manifiestan en señal de resistencia y repudio al fallo supremo. La misma ampliación se dispuso respecto de Nelson Guillermo Periotti (exdirector de Vialidad Nacional), Raúl Gilberto Pavesi (expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz) y José Francisco López (exSecreatrio de Obras Públicas). 

El TOF2 también le pidió al Cuerpo de peritos Tasadores de la Corte que actualice el monto que dispuso decomisar al momento de dictar la sentencia, el 6 de diciembre de 2022. Señala que era de 86.085.463.548,25 pesos. La cuestión del decomiso es otro tema con el que se regodean los medios. 

El TOF2 analiza los pedidos de domiciliaria, aunque no daría a conocer una resolución hasta que se cumpla el plazo que estableció. Esto hace suponer que, aunque las conceda, existe la posibilidad de que CFK y otros deban pasar algunas horas o días alojados en alguna dependencia carcelaria, de alguna de las fuerzas. No es algo que esté claro todavía. En el caso de la expresidenta dio motivos que exceden a la cuestión de la edad. Tener más de 70 es un factor que habilita a pedir cumplir la pena en un domicilio. Pero en el caso de ella, se suma que como expresidenta cuenta con una custodia que es obligación que el Estado le proporcione pero, además, que fue víctima de un intento de magnicidio. En una cárcel común ¿La dejarían aislada y vigilada para que no corra peligro? Es es lo que se conoce como un trato cruel, inhumano y degradante para la legislación internacional con rango constitucional en nuestro país. 

En el caso de Periotti, quien pronto cumple 80 años, los fiscales Luciani y Mola le reclaman al tribunal que se le haga un examen médico forense ya que no admitirían la edad como único factor para definir el lugar de detención. Ese informe puede demorar, esto implica que quizá –de acuerdo a lo que decida el tribunal– el exfuncionario deba pasar un tiempo en alguna dependencia de las fuerzas federales, aunque sea en forma transitoria. Ese criterio podría aplicar a otros. En caso de Lázaro Báez, que había estado cumpliendo arresto domiciliario, otro tribunal (el 4), lo mandó a una cárcel común en Río Gallegos después de la confirmación de la condena de la Corte, y luego se unificarán las penas. 

La Cámara Electoral, tres recibir la sentencia de la Corte por Vialidad que incluye para Cristina Fernández de Kirchner la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, emitió una resolución para informar la decisión judicial a los distintos distritos electorales, porque sostienen que corresponde la remoción del padrón electoral. La conclusión en ese tribunal es que la condena a CFK le quita derechos políticos: no puede votar ni estar afiliada a un partido ni ser elegida para un cargo público. Respecto de la presidencia del Partido Justicialista, en la Cámara sostienen que debería haber un acuerdo enel Consejo Nacional para que se aparte y tomen el mando los vicepresidentes. Es tema que genera controversias y habrá que ver qué hace el consejo.