Comenzó ayer en los tribunales de Fiske Menuko (General Roca) el juicio Solano II que juzgará la participación de los policías Walter Etchegaray, Ceferino Muñoz y Cristian Toledo en el homicidio y posterior desaparición forzada del joven salteño Daniel Solano. “No es solamente que se juntaron varios policías para hacer desaparecer a un trabajador golondrina sino que acá hay una estafa y trata de personas con fines de explotación laboral, denunciada en la justicia provincial y cajoneada por la fiscalía y la justicia federal”, dijo a Página/12 el abogado Leandro Aparicio, de la querella familiar. El letrado agregó que en este proceso “la cuestión a dilucidar tiene que ver con las estrategias ante una desaparición forzada en un contexto de trata laboral, que continúa impune a pesar de estos avances”.
En el 2018 fueron condenados a prisión perpetua otros siete policías de la provincia por el crimen del trabajador golondrina, víctima de explotación laboral de la empresa Agrocosecha S.A. denunciada por trata de personas con esos fines. El hecho ocurrió la madrugada del 5 de noviembre de 2011 en la localidad de Choele Choel y se pudo reconstruir a través de gran cantidad de testigos cómo estos policías sacaron a Daniel de un boliche, lo golpearon hasta que cayó inconsciente y luego lo subieron a un patrullero para desaparecerlo forzosamente hasta hoy. La condena contra los uniformados Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez fue confirmada por la Corte Suprema y quedó firme. Los policías, que habían estado libres y en funciones todos esos años, fueron detenidos.
En este proceso que comenzó ayer –ante los jueces Maximiliano Omar Camarda, Alejandro Ignacio Pellizzón y Natalia Noemí González– Muñoz y Toledo están acusados de haber sacado al joven del boliche, en tanto Etchegaray es quien lo habría entregado a los otros siete policías. Según el abogado Aparicio, aún no ha sido acusado un policía de apellido Vega, que estaba en las oficinas de Agrocosecha cuando Solano fue estafado junto a los otros trabajadores golondrina. Entre todos habían decidido que no iban a seguir trabajando hasta que les reintegraran el dinero que les debían. Vega también estuvo en el boliche la noche de la desaparición y habría sido quien sembró pistas falsas durante las primeras semanas del caso. “Que Vega no esté sentado en el banquillo de los acusados también es responsabilidad del fiscal Miguel Flores”, dijo el abogado de la querella de la familia Solano, junto a su colega Sergio Heredia.
En este nuevo juicio se abre la oportunidad de que alguno de los acusados, en virtud de conseguir algún beneficio en la pena, pueda decir dónde esta Daniel, uno de los más de 200 desaparecidos en democracia cuyo cuerpo nunca apareció. Pero también la querella de la familia intentará insistir con probar el móvil del crimen que el poder judicial viene negando: la estafa y explotación laboral de la empresa tratante de trabajadores norteños, que contaba con la protección judicial, política y policial, y contra la cual Daniel Solano había propuesto hacer un reclamo junto con sus compañeros.
Organizaciones sociales, comunitarias y medios, como Radio Zona Libre –que transmitirá las audiencias– convocaron “a toda la sociedad a participar del juicio oral y público para seguir acompañando la lucha por la defensa de la verdad y para exigir una vez más que nos digan dónde está Daniel Solano”.
Miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, de la provincia
de Salta, Daniel tenía 26 años cuando desapareció. Fue visto por última vez rodeado de policías, en la puerta del boliche Macuba. Era la tercera vez que se iba a trabajar para la cosecha de manzana en el Valle Medio de Río Negro, con otros integrantes de esa comunidad, pero esta vez no quería ir.
“Tenía muchos amigos en la comunidad y se destacaba en el club de fútbol del barrio. En Tartagal había conseguido un buen trabajo en la construcción, que era lo suyo. Además, las condiciones en el sur eran muy malas. Me dijo que no tenía agua para bañarse y se lavaban en un canal, con agua helada. También me contó que les daban poca plata para comprarse comida y no les alcanzaba. Pero el puntero que lo llevó, Hugo [Domínguez], lo tentó con pagarle el doble”, recordó Gualberto Solano, su padre, en una nota de Página12, de paso por Buenos Aires pocos meses después de la desaparición, con el objetivo de contactar funcionarios nacionales. Daniel era su único hijo varón, y tenía cinco hermanas a las que quería mucho. “Que me digan dónde está, que me lo entreguen, soy viudo y lo he criado sin madre. Uno de los chicos que trabajó con él vino llorando a verme y me admitió que lo obligaron a mentir”, agregó.
Al padre de Daniel le dijeron que su hijo había dejado Choele Choel para viajar a Neuquén y luego se esfumó. Él siguió preguntando, le siguieron mintiendo, le insinuaron que podía haberse ido con una mujer, que había caído en el consumo problemático de drogas ilegales. Su terca perseverancia, y la de sus abogados, Heredia y Aparicio, llevó a la detención de los siete policías por su desaparición y asesinato porque lograron probar que estuvo en la comisaría 8ª de esa localidad. Eran los mismos que cuando Gualberto empezó a exigir justicia se habían autoacuartelado y así lograron ser trasladados. El hombre pedía justicia y la restitución del cuerpo. Desconfiaba desde un principio de la versión compartida entre el fiscal Flores, la jueza Marisa Bosco y los abogados de la empresa que lo había contratado como trabajador golondrina. Gualberto Solano murió el 3 de abril de 2018 sin haber llegado a conocer la sentencia y sin saber dónde está su hijo.
