En conmemoración a los tres años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner el peronismo realizará una caravana desde la sede del Partido Justicialista (PJ) en la Ciudad de Buenos Aires hasta el domicilio de la expresidenta en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
La jornada comenzará a las 18 con una convocatoria en la sede del PJ Capital, en San José 181. De esta actividad participarán referentes de la juventud, junto con el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires y primer candidato de Fuerza Patria para la Cámara Alta, Mariano Recalde; el diputado nacional y primer candidato a la Cámara Baja, Itai Hagman; la candidata a diputada nacional, Kelly Olmos; y la secretaria general de La Cámpora y también candidata a diputada nacional, Lucía Cámpora.En simultáneo, el Instituto Patria, ubicado en Rodríguez Peña 80, será sede de la charla titulada “La bala que no salió, el fallo que sí saldrá”, en referencia al título de una nota periodística posterior al atentado, con la participación de Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, la exministra de Cultura Teresa Parodi, el dirigente Carlos Zannini y la periodista de Página|12 Irina Hauser.
Luego, cerca de las 20 horas, la militancia se trasladará en caravana hacia San José 1111 para expresar su apoyo a Cristina Kirchner y exigir su libertad bajo la consigna “Ni muerta, ni presa. Libre e inocente”. A tres años de aquella noche de 2022 en la que Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cabeza a la por entonces vicepresidenta, está por terminar el juicio oral contra los autores materiales: quien intentó disparar y su novia Brenda Uliarte, quien lo acompañaba y lo motivaba a cometer el magnicidio. La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación de la causa, la elevó a juicio sin investigar a las personas señaladas como posibles instigadores, autores intelectuales y financistas.
La causa que llegó al sorteado Tribunal Oral Federal (TOF) 6 apunta solo contra Sabag Montiel y Uliarte. Se impuso la hipótesis de “dos loquitos sueltos”. Nunca se le incautó el celular ni se llamó a declarar a Gerardo Milman, diputado nacional del PRO y mano derecha de Patricia Bullrich, a quien horas antes del atentado se lo escuchó decir “cuando la maten, estoy camino a la Costa“, según declaró el asesor legislativo Jorge Abello. Tampoco se siguió la pista del financiamiento. Jonathan Morel, líder del movimiento de ultraderecha Revolución Federal, realizó acciones en las calles con guillotinas, antorchas y horcas, además de asediar y escrachar a dirigentes peronistas y pedir en las redes sociales que había que matar a Cristina. Incluso sugería cómo hacerlo.
Según informó para este medio Irina Hauser, la primera factura para el pago por 144 mesitas de luz, 144 respaldos de cama, mesas ratonas, barras de cocina, entre otras tantas cosas, además de colchones y cortinas, es del día anterior a que Revolución Federal saliera a la calle por primera vez el 25 de mayo de 2022. Con el atentado, se cortaron los pagos y la relación.Un peritaje del Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema de Justicia detalló que los pagos no tienen explicación y que son un 20% superiores a los valores de mercado. Las querellas mostraron anomalías e incongruencias rotundas en la facturación. La defensa de la expresidenta señaló facturas por trabajos de carpintería y sommiers de una jubilada que atendía un kiosco y no tenía relación con el rubro, por ejemplo.
“Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rivolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”, sostuvo en aquel entonces la expresidenta. “Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos”, enfatizó y advirtió que, con esta decisión, el resto de las pruebas “no se investigan nunca más”. “Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad”, lanzó la vicepresidenta y denunció “un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores“, sentenció.
