La justicia Federal de Pehuajó, a cargo del juez Andrés Heim, volvió a intimar al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a que presente un plan para continuar las obras de acceso a los servicios en barrios populares financiadas por el Fondo de Infraestructura Socio Urbana (FISU), luego de que el gobierno de Javier Milei decidió interrumpir 30 mil obras para proveer agua potable, energía eléctrica, redes cloacales o mejorar viviendas en numerosos asentamientos del país que afectan 334 mil familias de distintas provincias. Caputo tiene ahora 20 días más de forma “excepcional e improrrogable” para cumplir con la orden judicial que su cartera ignoró en dos oportunidades y que posterga desde hace cinco meses.
Tras asumir en la Casa Rosada, Milei paralizó la obra pública en diciembre de 2023, además de desfinanciar el FISU, sepultó unas 30 mil obras que el organismo había programado y comenzado a realizar en todo el país. Casi un año después, en noviembre de 2024, el juzgado de Pehuajó hizo lugar a una medida cautelar que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a los curas villeros Lorenzo “Toto” de Vedia (de Barracas) y el padre Gastón Colombres (de Ciudad Oculta), en representación de las personas que viven en 37 barrios populares, de distintos distritos del conurbano bonaerense (12), de la Ciudad de Buenos Aires (3), de Córdoba (4), de Santa Fe (2), de Mendoza (14), de Río Negro (1) y de Chubut (1), que demandaba que se reinicien los trabajos de infraestructura de servicios, desarrollo de equipamiento comunitario y mejoramientos habitacionales interrumpidos.
El juzgado de Heim le dio entonces tres meses al Gobierno para presentar un plan, con plazos y detalles para continuar con la política de integración socio urbana. El 25 de febrero de este año, luego de incumplir el plazo, y a partir de una presentación del Asesor de Menores, el juzgado intimó nuevamente al Gobierno y al Ministerio de Economía a presentar el plan, que incluya la articulación prevista con las provincias. Pero Caputo volvió a incumplir.
Aunque esta vez, el ministro –que volvió a endeudar al país en 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para sostener el programa macroeconómico hasta las elecciones parlamentarias— solicitó estirar el plazo judicial. El juzgado de Pehuajó le dio entonces veinte días más para contestar, pero de forma “excepcional e improrrogable”.
Los programas frenados buscaban garantizar el acceso a servicios básicos y mejoras en las casas de más de 300.000 familias, que están viviendo los efectos de los enormes ajustes estatales destinados a los cuidados y a mejorar las condiciones de vida de los sectores empobrecidos. El FISU disponía de un financiamiento que surgía del Impuesto País y el gobierno de Milei lo redujo brutalmente del 9 al 0,3 por ciento. Lo que generó que en distintos barrios populares quedaran pendientes más de 700 construcciones destinadas a resolver problemas concretos. Eso también ocasionó pérdidas de los recursos económicos ya invertidos por el Estado en su infraestructura, donde la mayoría de esos proyectos iniciados quedaron a la intemperie durante más de un año y sufrieron deterioros.
Peor que antesEn 2023 se suscribieron convenios para un plan de urbanización integral, con obras de pavimento, gas, cloacas, agua, veredas y forestación en el barrio Cumba de Pehuajó, que se extenderían por ocho meses para la construcción de los servicios básicos inexistentes. Comenzaron en octubre y en diciembre fueron interrumpidas, cuando las mismas habían alcanzado un avance del 36,78 por ciento del proyecto inicial.
Todo ese plan quedó detenido y muchas de estas obras sin terminar, incluso, empeoraron la situación en el barrio. Hoy toda la zona se inunda ya que las calles y veredas son de tierra, se producen “encharcamientos y barro” y se genera “un foco de transmisión de enfermedades debido a que el agua suele estancarse por varios días en el terreno”, indicaron los vecinos y vecinas. La mayoría de las familias carecen de título de propiedad y no tiene acceso a los servicios de agua, electricidad, gas natural o cloacas, lo que los expone “a todo tipo de riesgo (ambiental, peligro de incendios, inundaciones y enfermedades)”; a los que se suma la gran presencia de mosquitos y bacterias (como la escherichia coli), que suelen contaminar los pozos de agua.
Los ejemplos se multiplican en todos los barrios populares donde las obras fueron interrumpidas. En el barrio Santa Paula, del partido bonaerense de Moreno, aún hoy está atravesado por una zanja abierta en la que se iba a colocar un desagüe pluvial para evitar inundaciones y su plaza central está cubierta por pilas de escombros.
El derecho a la Integración Socio Urbana –reconocido por la Ley N°27.453 que crea el Programa de Integración Socio-Urbana y los mecanismos para garantizar su financiamiento— estaba destinado a cinco millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares de todo el país. Pero el plan motosierra de Milei redujo el presupuesto del FISU en un 92 por ciento en términos nominales respecto del 2023 y en los primeros 10 meses de gestión sólo se ejecutó el 5 por ciento del presupuesto proyectado para todo el año. A fines del 2023, la política pública implementada por la Secretaría de Integración Socio Urbana (que fue degradada a subsecretaría) contaba con 1.350 proyectos de integración socio urbana aprobados para 1.257 barrios populares, que representó, entre otras cosas, la generación de 25.000 lotes con servicios a lo ancho de la Argentina, obras de infraestructura y equipamiento urbano. Al reducirse esa financiación, 716 obras quedaron pendientes de finalización. Pero Caputo aun sigue sin responder a la intimación de la justicia federal para completarlas.
