Alberto Baños perdió el cargo, pero no las mañas. El ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Nación no ceja en su persecución a los trabajadores. Ahora decidió despedir a Flavia Fernández Brozzi, abogada querellante en causas de lesa humanidad, delegada con mandato vigente e integrante del consejo directivo de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) Capital.
Baños aprovechó la semana en la que toda la atención está centrada en la situación de Cristina Fernández de Kirchner para echar a Fernández Brozzi, que hace más de 20 años que trabaja en el área de derechos humanos.
Actualmente, Fernández Brozzi trabaja con casos de violencia institucional dentro de la subsecretaría. Antes lo había hecho en el área de Menores Extraviados del Ministerio de Justicia.
“El caso de Flavia no es un hecho aislado. Es parte del vaciamiento sistemático impulsado por el gobierno de (Javier) Milei y (Mariano) Cúneo Libarona: despidos masivos, degradación institucional y ataques a quienes defienden la memoria, la verdad y la justicia”, denunciaron desde la seccional Capital de ATE, que conduce Daniel “Tano” Catalano.
“El despido es una persecución ideológica que apunta a silenciar las voces incómodas y desarticular las políticas de derechos humanos”, añadieron desde el gremio.
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Desde la Intersindical de Derechos Humanos asociaron el despido de Fernández Brozzi con una presentación que hizo ante el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la megacausa ESMA, para impedir que un edificio del predio fuera cedido al Ministerio Publico Fiscal, como resolvió Cúneo Libarona. El ministro de Justicia justificó la cesión con la voluntad del Gobierno de meter presos a los delincuentes –lo que nada tiene que ver con el objeto del espacio de memoria que funciona en Avenida del Libertador al 8100. La presentación fue hecha por Fernández Brozzi junto a su colega Rodolfo Yanzón en su calidad de abogados de la querella Kaos.
Desde la Junta Interna de ATE, denunciaron que el despido de Fernández Brozzi es un nuevo atropello contra los derechos laborales. Desde que Baños se hizo cargo del área, ésta terminó degradada y se despidió al 50 por ciento de la planta de trabajadores.
En las últimas semanas, el Gobierno también arremetió contra el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Museo Sitio ESMA. Las dos instituciones perdieron jerarquía y fueron colocadas como unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que quedó en manos de la abogada Ana Belén Mármora, una activista antiderechos.
