Sara Luján de Molina tiene 99 años y un reclamo urgente. Quiere saber qué hizo la dictadura con su hijo Raúl Mateo Molina, asesinado y desaparecido en La Perla, el campo de concentración que funcionó en la provincia de Córdoba. “Acá hay desaparecidos y queremos sus cuerpos. Nuestro duelo no terminará hasta que no nos entreguen los cuerpos. Es un deber del Estado. Como pueblo, debemos exigir que hagan esa búsqueda”, dice Sara, a quien en la militancia de derechos humanos conocen como “Coca”. Ella es una de las querellantes que pidió que se intensifiquen los esfuerzos para saber dónde están los restos de quienes estuvieron secuestrados en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Por disposición del juez federal Hugo Vaca Narvaja, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzó el martes último con tareas de prospección y excavación en un área delimitada del predio.
El 24 de marzo de 1976, “Coca” fue secuestrada. La llevaron a la cárcel del Buen Pastor. Después la trasladaron a la Unidad Penitenciaria 1 y finalmente al Campo de la Ribera. Estuvo un año privada de su libertad. Mientras tanto, le seguían preguntando por su hijo Raúl. Ella les contestaba que él era presidente del centro de estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Al muchacho lo secuestraron el 5 de octubre de 1976. Una patota lo levantó en la calle y lo llevó a La Perla. Según los testimonios de los sobrevivientes, el represor Hugo Raúl Romero –conocido como “Palito”— lo mató de un golpe ese mismo día. El cuerpo nunca apareció.
“Queremos saber dónde están los cadáveres de nuestros hijos”, remarca “Coca” desde Catamarca. A su lado está su hija Roxana. “En mi caso, yo ya había naturalizado que no lo íbamos a encontrar. Pero encontrarlos es nuestro derecho. Es para que no los sigan desapareciendo cada día, porque la desaparición es un delito permanente. El daño se produce todos los días porque no podemos hacer el duelo”, afirma la hermana de Raúl.
En abril pasado, un grupo de familiares de personas desaparecidas pidió constituirse como querellantes en la causa llamada “enterramientos clandestinos” como forma de darle un nuevo impulso a la búsqueda.
Según puede leerse en el micrositio de La Búsqueda, el EAAF logró identificar únicamente a 28 víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba. En cercanías de La Perla, en los hornos de la estancia La Ochoa, los antropólogos forenses hallaron restos óseos de cuatro estudiantes universitarios que habían sido secuestrados en diciembre de 1975. Para entonces, La Perla no funcionaba como campo de concentración y exterminio. El hallazgo fue posible gracias al testimonio de un baqueano.
La Perla se activó el 24 de marzo de 1976 en terrenos pertenecientes al Tercer Cuerpo de Ejército que estaban a la vera de la Ruta 20, que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz. Según el Archivo Provincial de la Memoria, se mantuvo en funcionamiento hasta finales de 1978. Se estima que por allí pasaron entre 2000 y 2500 personas. La mayoría de ellas están desaparecidas.
En distintos procesos, la justicia federal afirmó que La Perla operaba bajo el mando del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba. Había secuestrados que eran asesinados en la tortura y otros que eran sacados del centro con vida para ser fusilados. Como eufemismo, ese camino hacia la muerte era llamado “traslado”. Quienes estaban adentro escuchaban que se acercaba un camión, que luego se retiraba y volvía a los 30 minutos aproximadamente. “Lo que daba la idea de que el lugar de fusilamiento estaba dentro de los terrenos de la misma guarnición militar”, puede leerse en la sentencia dictada en la megacausa.
José Julián Solanille vivía en las inmediaciones de La Perla. Dio su testimonio ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y lo reiteró ante los estrados judiciales cuando se cayeron las leyes que impedían el juzgamiento. Contó que él observaba los camiones Mercedes Benz ir y venir y que, cuando pasaban las lomas detrás del campo de concentración, se escuchaban tiros y explosiones. Solanille relató también que vio, aproximadamente en agosto de 1976, a Luciano Benjamín Menéndez –comandante del Tercer Cuerpo de Ejército– ir a “curiosear” a la zona donde se ubicaban las fosas clandestinas. Como publicó Marta Platía en este diario, Solanille declaró haber contado más de 200 pozos usados para enterramientos.
Terminar con el pacto siniestro
Graciela Geuna es una de las personas que estuvo privada ilegalmente de la libertad en La Perla. El 10 de junio de 1976 fue secuestrada junto con su esposo, Jorge Omar Cazorla. Ambos eran estudiantes de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Jorge fue asesinado durante el operativo de secuestro y sigue desaparecido.
Graciela es una de las querellantes que impulsa la realización de las tareas del EAAF. Desde Suiza habla con Página/12. “La búsqueda repara, aunque sabemos que buscamos cuerpos. Encontrarlos es un modo de traerlos al mundo. Los desaparecidos están en la dimensión siniestra en la que los pusieron los milicos. Siguen siendo rehenes porque los que los mataron –que ya, en muchos casos, fueron condenados y están en prisión domiciliaria– saben dónde están y no lo dicen. Nosotros queremos cortar con ese plan siniestro. Queremos poder enterrar a nuestros familiares y llevarles una flor”, resalta.
Los trabajos del EAAF en un área delimitada de La Perla comenzaron el martes pasado. La investigación tuvo etapas previas. Se usó una tecnología, como la que se empleó en la guarnición militar de Campo de Mayo, para tomar imágenes aéreas. Se consiguieron también fotografías del predio que tenía el Ministerio de Defensa de la época de la dictadura, que permitieron detectar posibles cambios en el terreno. Y hubo que obtener el financiamiento para llevar adelante la tarea, explican fuentes judiciales.
Se estima que los expertos del EAAF trabajarán en la zona durante 70 días aproximadamente. Estarán involucrados en la tarea también el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba y el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC. El miércoles, estuvieron reunidos con los querellantes. En la reunión también participaron los integrantes de la fiscalía que integran Carlos Gonella y Facundo Trotta.
“Queremos encontrarlos. Tenemos expectativas realistas. Pensamos que hay posibilidades de hallarlos en el lugar donde se está haciendo la búsqueda”, sostiene Geuna. “Si no los encuentran, no lo tomaré como un fracaso. La expectativa es seguir buscando hasta encontrarlos y que se forme un equipo estable para llevar adelante este trabajo”, añade.
Graciela terminó sus estudios de Derecho en Suiza, donde trabajó en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde que se jubiló viaja con frecuencia a Córdoba y, cuando está allí, piensa que su marido y sus compañeros deben estar enterrados en algún lugar.
“Dos mil cuerpos no desaparecen así nomás. Tenemos confianza en quienes están haciendo los trabajos y en la sociedad, que puede aportar datos. El silencio mantiene el secreto. La gente tiene que atreverse a hablar”, reclama mientras dice que la pelea que están dando junto con otros familiares es “una lucha por la vida”.
Nada bueno sale del ocultamiento
Alba Camargo y Sebastián Soulier tienen a sus padres y a sus tíos desaparecidos en La Perla. Ambos comparten otra condición: siendo niños, fueron prisioneros de la dictadura. Hoy, a casi 50 años de esos hechos, siguen buscando verdad y justicia.
“Nos constituimos como querellantes hace un tiempo para exigir que el Estado encuentre los medios necesarios para hallar a nuestros familiares. Es una responsabilidad del Estado”, afirma Sebastián. El 15 de agosto de 1976 fue secuestrado con sus padres, Juan Carlos Soulier y Adriana María Díaz. Un día después se llevaron a su tío Luis Roberto Soulier. Los tres pasaron por el D2 de Córdoba antes de ser trasladados a La Perla.
Para entonces, la dictadura ya tenía a Alba, de trece años, encerrada en la cárcel del Buen Pastor. Estuvo allí más de seis meses. El 23 de julio de 1976 habían secuestrado a sus padres, Armando Arnulfo Camargo y Marta Alicia Bertola. Un día antes, se habían llevado a sus tíos, Susana Beatriz Bertola y Juan Carlos Berastegui.
“Victoria Villarruel reclama la historia completa. Yo también”, dice Alba. “Sé quiénes fueron los asesinos. Están presos por estos crímenes. Ahora quiero los restos de nuestros familiares para poder cerrar un capítulo”, añade.
“Así como los juicios reparan, encontrar los restos también repara. Es nuestro derecho tener un ritual para despedirnos. Es nuestro derecho tener certeza acerca de dónde están nuestros familiares. Nos lo negaron a nosotros, a nuestros hijos y a los amigos de nuestros viejos”, apunta Sebastián.
Y, como resume Alba, la búsqueda de la verdad es para los familiares pero va más allá: “Una sociedad no puede construirse bajo el ocultamiento”.
