Otro fallo judicial le puso freno al impulso destructor de Javier Milei y le dio lugar a un amparo para evitar el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Se trata de la segunda medida para evitar la la disolución del organismo dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el decreto 461/2025. Esta vez, la Justicia federal de San Martín dio curso al recurso presentado por el exdirector ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, en la que sostiene que la medida representa un retroceso peligroso en materia de seguridad vial y vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
La decisión fue del Juzgado Federal N°2 de San Martín, el mismo que a mediados de julio le otorgó una cautelar en favor del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, que frenó por seis meses la reestructuración del área de transporte. En este pedido, Martínez Carignano solicitó que se declare la inconstitucionalidad del decreto porque “viola el principio de legalidad y derechos como la vida, la salud, la circulación y la igualdad ante la ley, reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos”.
En su presentación, el funcionario advirtió que la eliminación de la ANSV “multiplicará las muertes viales”, debilitará la coordinación federal del tránsito y desmantelará una política pública que ha salvado miles de vidas desde su creación. “Esto no es una reforma: es un retroceso brutal. La Justicia debe evitar el desastre”, escribió en sus redes sociales. Además, indicó que la Agencia fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial y que logró reducir un 30% las muertes por siniestros viales.
El impacto negativo del cierre de la ANSV también fue alertado por familiares de víctimas de accidentes viales. Aunque todavía no hay cifras oficiales sobre el tema –y el cierre de la ANSV permite dudar de si las volverá a haber–, algunas intendencias comenzaron a realizar relevamientos propios para observar la situación. En Bolívar, por ejemplo, se registró que en todo 2024 hubo 36 siniestros con intervención del Hospital Municipal en las rutas nacionales, mientras que sólo de enero a mayo de 2025 ya se registraron 20. La gravedad de los siniestros también parece recrudecer, ya que el año pasado el hospital tuvo que intervenir en el 52,7 por ciento de los casos totales, mientras que en 2025 ya tuvo que hacerlo en el 55 por ciento.
A pesar de la numerosa evidencia sobre la importancia de la Agencia, que tiene presencia en todas las provincias, a principios de julio el Gobierno de Javier Milei decidió el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. En ese momento, la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Milei y al ministro Sturzenegger, del impacto de la medida que generará “rutas nacionales de la muerte”.
Según señaló la dirigente, al disolver el organismo clave en el mantenimiento, se va a profundizar la peligrosidad de las rutas argentinas. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armando este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.
