La investigación judicial por la presunta estafa a trabajadores de la construcción a través de una mutual creada por el dirigente sindical Juan Carlos Levy, secretario adjunto de la UOCRA, continúa sumando elementos comprometedores.
El abogado querellante, Maximiliano Gómez, confirmó que la Justicia secuestró el teléfono celular de Ira Zaval, empresario de Rincón de los Sauces, quien aparece señalado como receptor de una transferencia cercana a los 350 millones de pesos desde la cuenta de la mutual. Según se investiga, el monto habría sido retirado de forma inmediata por ventanilla, sin que exista hasta el momento un destino claro ni beneficios comprobables para los afiliados.
En paralelo, la causa también pone bajo análisis la construcción de un edificio de cinco pisos que la mutual estaría desarrollando sin haber invertido fondos propios. De acuerdo con los denunciantes, la obra se habría ejecutado con aportes de empresas como AESA, PECOM y SACDE, sin contratos formales ni registros de pagos.
Otro punto que refuerza las sospechas es la utilización de oficinas en un edificio céntrico de Neuquén, considerado entre los más costosos de la ciudad, lo que alimenta las dudas sobre el manejo de los recursos provenientes de los descuentos aplicados a los trabajadores.
El perjuicio económico estimado oscila entre 3 y 5 millones de dólares. Los descuentos habrían comenzado en 2023, principalmente en el sector vinculado a Vaca Muerta. Gómez indicó que actualmente representan a unos 30 trabajadores, aunque el número podría superar los 50 en las próximas semanas.
En este contexto, varios denunciantes afirmaron haber recibido amenazas mediante llamados y mensajes, lo que incrementa el clima de tensión en la comarca de Cutral Có–Plaza Huincul.
Mientras la mutual continúa operando —aunque con una marcada disminución en su actividad tras la desafiliación de numerosos trabajadores y la suspensión de descuentos por parte de algunas empresas—, la causa sigue avanzando en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y la querella. Se esperan definiciones clave respecto a la eventual participación o control de organismos provinciales o municipales en las obras cuestionadas.
