El diputado Pablo Todero lanzó una dura advertencia sobre la crítica situación que atraviesa el sistema de salud para jubilados en la Patagonia, luego de que clínicas y sanatorios de la región dieran un ultimátum a PAMI. Según informó el legislador, a partir del 10 de febrero de 2026 podrían comenzar a suspenderse servicios si el organismo nacional no regulariza la deuda acumulada ni actualiza los aranceles.
Todero señaló que el escenario es “extremadamente preocupante” y explicó que los prestadores de salud enfrentan atrasos en los pagos, que en el caso de las prestaciones ambulatorias alcanzan al menos un mes, además de una fuerte depreciación de los valores arancelarios producto de la inflación. En muchos establecimientos, PAMI representa cerca del 40% de sus ingresos, lo que vuelve insostenible la continuidad de la atención.
De acuerdo a lo informado, la suspensión comenzaría con prestaciones ambulatorias y prácticas programadas, manteniendo inicialmente la atención de urgencias y emergencias. Sin embargo, Todero advirtió que, de no existir una respuesta inmediata por parte del organismo, la suspensión total de los servicios será inevitable.
“El impacto de esta situación será directo sobre miles de jubilados y pensionados que dependen de estas instituciones para recibir atención médica esencial”, remarcó el diputado, y subrayó que la medida no responde a una decisión arbitraria de los prestadores. “No es un capricho: es la consecuencia de no poder pagar salarios, insumos ni sostener las operaciones básicas”, afirmó.
Entre los principales reclamos, las clínicas y sanatorios exigen la regularización inmediata de las deudas, la convocatoria a una reunión urgente y la conformación de una mesa técnica que permita establecer aranceles sostenibles y acordes a la realidad económica actual.
Finalmente, Todero cuestionó el silencio de PAMI frente a la gravedad del conflicto y alertó que esta falta de respuestas pone en riesgo la salud y la dignidad de los adultos mayores de toda la región patagónica.
