Adrián, un vecino del barrio Peñi, que padece problemas auditivos y una afección visual en uno de sus ojos desde hace más de una década, enfrenta una situación angustiante: debe renovar su certificado de discapacidad antes del 12 de agosto para no perder la pensión que representa su único sustento económico. Sin embargo, se encontró con obstáculos administrativos que podrían poner en riesgo ese derecho.
El hombre contó que intentó avanzar con el trámite en el hospital local, pero allí le informaron que recién la próxima semana podrían entregarle su historia clínica, un documento esencial para ser derivado al profesional que debe evaluar su condición.
“Es lo único que tengo para vivir”, expresó con preocupación, ya que los tiempos administrativos no parecen acompañar la urgencia de su situación. La falta de respuestas inmediatas podría dejarlo sin ingresos si no logra completar la renovación en el plazo estipulado.
El caso de Adrián pone en evidencia las demoras que muchas personas con discapacidad deben enfrentar al momento de acceder a derechos fundamentales como una pensión. La comunidad y organismos competentes esperan que se pueda encontrar una solución ágil para evitar que situaciones como esta se repitan.
