Un borrador del proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone cambios en distintos sectores de la economía. Aunque desde el Gobierno aclararon que el texto continúa en revisión y que será enviado al Congreso en agosto, el anteproyecto contempla modificaciones en la venta de medicamentos, el cabotaje, el mercado de capitales, el agro, la minería y el mercado del gas licuado.
El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un proyecto de desregulación económica que busca eliminar restricciones en diversas actividades productivas y comerciales. Si bien desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado señalaron que el texto aún se encuentra en revisión y que continúa siendo modificado, el borrador conocido anticipa una reforma de amplio alcance.
Fuentes oficiales indicaron que no pueden confirmar que la versión difundida sea la definitiva. “El proyecto de ley está en revisión y hay ajustes, cambios y modificaciones haciéndose constantemente. Cuando se envíe al Congreso vamos a dar todos los detalles necesarios”, señalaron desde la cartera, sin desmentir el contenido del borrador.
Entre las principales medidas figura la prohibición de la intervención estatal sobre precios, volúmenes y márgenes de rentabilidad en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
También se eliminan regulaciones sobre el corretaje, suprimiendo aranceles mínimos y límites para las comisiones, con el objetivo de fomentar la libre competencia.
Uno de los cambios más relevantes alcanza al sector farmacéutico. El proyecto habilita que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse en establecimientos distintos de las farmacias e incluso mediante plataformas digitales, siempre que se garantice la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos sanitarios.
Además, las farmacias podrían adoptar cualquier figura jurídica y las droguerías tendrían la posibilidad de vender directamente al público si se constituyen como farmacias.
En el ámbito agropecuario, la iniciativa propone modernizar el régimen de certificados de depósito y warrants para productos agrícolas, ganaderos y forestales, permitiendo que el propio productor actúe como depositario.
También contempla la derogación de la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales para los nuevos contratos, manteniendo el régimen vigente para los acuerdos ya firmados.
Para la actividad minera, el proyecto incorpora los productos minerales al sistema de garantías mediante warrants y certificados de depósito, ampliando las herramientas de financiamiento del sector.
En materia de transporte, el borrador habilita a buques de bandera extranjera a realizar cabotaje nacional bajo un esquema gradual de incorporación de tripulación argentina.
Asimismo, propone reducir a cero el arancel para la importación de embarcaciones de hasta 20 años que se incorporen a la bandera nacional y eliminar el impuesto al combustible utilizado por el cabotaje.
El proyecto también incluye modificaciones al mercado de capitales, al permitir que activos virtuales puedan utilizarse como garantía en operaciones financieras y facilitar la negociación digital de facturas de crédito electrónicas y otros instrumentos, sin intermediación obligatoria.
Respecto de otros puntos que trascendieron, como una eventual declaración de emergencia administrativa con facultades delegadas para eliminar regulaciones económicas, desde el Gobierno aseguraron que esa propuesta quedó fuera de la discusión actual.
La iniciativa sería enviada al Congreso una vez finalizado el receso invernal, durante el mes de agosto, cuando el Ejecutivo presente el texto definitivo con las modificaciones incorporadas.
