Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al TOF N°2 el decomiso de 141 nuevos inmuebles vinculados a la familia Kirchner y a Lázaro Báez. El pedido incluye la propiedad de San José 1111, en CABA.
En el marco de la Causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de 141 inmuebles vinculados a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez, entre ellos el departamento donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
El planteo judicial amplía un pedido anterior y eleva a 252 el total de bienes inmuebles cuya afectación reclama el Ministerio Público Fiscal, como parte del recupero de activos tras la sentencia firme por defraudación a la administración pública.
Según detallaron los fiscales, el requerimiento abarca 13 propiedades pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 ligadas a Báez. También incluye 46 automotores, US$4.664.000 depositados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 en una cuenta bancaria y $53.280,24.
En el escrito presentado ante el tribunal, Luciani y Mola señalaron que las personas condenadas fueron intimadas a depositar $684.990.350.139,86 en concepto de decomiso, pero que “no han depositado ni un solo peso”, pese a que el plazo venció hace meses.
Los representantes del Ministerio Público sostuvieron además que tanto Cristina Kirchner como Lázaro Báez “vienen dilatando el recupero de activos” dispuesto por la sentencia judicial firme, y cuestionaron la falta de cumplimiento de lo ordenado.
Entre los bienes alcanzados figura el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquirido por la sociedad Los Sauces en 2015, donde la exmandataria cumple la detención domiciliaria.
El pedido también incluye 13 inmuebles vinculados a las firmas Los Sauces SRL y Hotesur SA, además del hotel La Aldea, propiedad de la familia Kirchner en El Chaltén, provincia de Santa Cruz.
En relación con Báez, los fiscales solicitaron el decomiso de tres inmuebles en el barrio cerrado Ayres de Pilar y cinco viviendas en Pinamar, entre otras propiedades.
Ahora será el Tribunal Oral Federal N°2 el que deberá resolver sobre el alcance del pedido y avanzar en la etapa de ejecución del decomiso dispuesto en la causa.
