El oficialismo consiguió 42 votos y mantuvo aportes sindicales automáticos. La iniciativa ahora deberá ser tratada por Diputados.
Tras más de 14 horas de sesión, el Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno, con 42 votos a favor y 30 en contra. El oficialismo logró consolidar el respaldo de la UCR, el PRO, bloques provinciales y aliados, luego de introducir modificaciones clave en la redacción del proyecto.
La votación fue seguida desde los palcos por referentes del oficialismo y dirigentes aliados, en una jornada atravesada por negociaciones de último momento para asegurar la mayoría. Unión por la Patria y otros bloques opositores rechazaron la iniciativa y cuestionaron el impacto de los cambios en derechos laborales.
Entre las modificaciones más relevantes se confirmó que las contribuciones sindicales continuarán siendo automáticas, aunque con topes del 0,5% para empresas o cámaras y del 2% para sindicatos en concepto de “contribuciones especiales”. Se eliminó el plazo que establecía que esos aportes pasarían a ser voluntarios a partir de 2028.
El proyecto también introduce un nuevo esquema para casos de enfermedad o accidente laboral, con remuneraciones del 50% o 75% del salario según el caso y la situación familiar del trabajador, además de la posibilidad de convocar a una Junta Médica cuando existan discrepancias entre certificaciones.
Entre los puntos centrales se destacan la creación de un banco de horas para compensar jornadas, un nuevo sistema de actualización de indemnizaciones atado a la inflación con un plus anual del 3%, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con aportes salariales y patronales, y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
La reforma amplía además la definición de servicios esenciales —incluyendo educación no universitaria, telecomunicaciones y recolección de residuos— que deberán garantizar al menos el 75% de su funcionamiento en caso de conflicto.
También se reglamenta la situación de trabajadores de plataformas digitales, se habilita el pago de salarios en moneda extranjera o en especie y se dispone que el financiamiento del INCAA dependa exclusivamente del Presupuesto a partir de 2028.
El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados. En el oficialismo aseguran contar con margen para sostener la iniciativa en caso de modificaciones, mientras que la oposición anticipa que redoblará las críticas durante el próximo debate.
