Gobierno dictó conciliación obligatoria y frena paro de colectivos en el interior

La medida rige por 15 días y suspende el paro de la UTA previsto para mañana, asegurando la normal prestación del servicio en provincias. El sindicato había reclamado aumentos salariales ante las cámaras empresarias.

El Gobierno nacional dictó este martes la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte, desactivando el paro que afectaría a los colectivos del interior desde este miércoles. La medida, anunciada por el Ministerio de Capital Humano, tendrá vigencia por 15 días.

“Se adopta a partir de la manifestación del gremio de avanzar con medidas de acción directa que podrían afectar el servicio y tras el pedido formal de las empresas”, indicó la cartera a cargo de Sandra Pettovello.

Duración y alcance de la conciliación

El período de conciliación se extenderá desde las 00:00 horas del 11 de febrero de 2026 hasta el 25 de febrero. Durante este lapso, las partes deben retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los colectivos, evitando demoras, cancelaciones o interrupciones que afecten a los usuarios.

Además, se intimó a la UTA y a los trabajadores a suspender cualquier medida de fuerza durante estos 15 días y se convocó a continuar el diálogo en la Secretaría de Trabajo para buscar una solución consensuada que contemple los intereses de los empleados y de los pasajeros.

Reclamo salarial y amenaza de paro

La UTA había advertido que, de no llegar a un acuerdo con las empresas, el paro se ejecutaría en todas las provincias del interior a partir del miércoles. El sindicato sostuvo que los empresarios provinciales se limitan a alegar insuficiencia de recursos, pese a que los boletos de transporte superan los valores del Área Metropolitana (AMBA).

“En todo momento hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores”, afirmó Roberto Fernández, titular del gremio.

Contexto del conflicto

El conflicto se enmarca en negociaciones salariales recientes y la dificultad de las empresas del interior para equiparar los acuerdos alcanzados en Buenos Aires. La medida del Gobierno busca prevenir un impacto directo en millones de pasajeros que utilizan colectivos interurbanos y garantizar el funcionamiento normal de un servicio esencial.

La conciliación obligatoria permite ganar tiempo para alcanzar un acuerdo sin afectar a los usuarios. Las autoridades indicaron que continuarán supervisando la situación y que cualquier avance en las negociaciones será informado oficialmente.

 

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