Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reveló que más de 4.100 niños y adolescentes fueron alcanzados por medidas del sistema penal juvenil. La mayoría transitó procesos en libertad, aunque se registró un leve aumento de los casos de encierro.
Durante 2024, un total de 4.119 niños, niñas y adolescentes estuvieron en conflicto con la ley penal en Argentina, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Los datos se conocen en medio del debate nacional por la posible baja de la edad de imputabilidad, tema que ya llegó al Congreso.
De acuerdo al relevamiento, 3.249 jóvenes se encontraban bajo medidas penales en libertad, mientras que 865 permanecían en dispositivos de privación o restricción de la libertad. Además, se registraron cuatro casos con prisión domiciliaria y uno sin información precisa sobre su situación.
El informe señala que ocho de cada diez adolescentes dentro del sistema penal juvenil no estuvieron privados de la libertad, sino que participaron de programas de acompañamiento, seguimiento y supervisión en el marco de redes sociocomunitarias. No obstante, el CNPT advirtió un leve incremento en la cantidad de jóvenes alojados en dispositivos de encierro, pese a una tendencia general a la baja.
A nivel nacional, el sistema penal juvenil contó con 174 dispositivos: 75 destinados a medidas en libertad y 99 vinculados a situaciones de encierro. De estos últimos, 63 correspondieron a privación de la libertad, 27 a restricción y nueve a dispositivos de aprehensión especializada.
En cuanto a la tipología de los delitos, predominan los delitos contra la propiedad, que representan el 57,1% de los casos. Le siguen los delitos contra las personas (13,9%) y contra la integridad sexual (7,5%).
El informe también alertó sobre la presencia de menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. En total, se detectaron 48 niños y adolescentes no punibles institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 estaban en lugares de encierro, pese a que la legislación vigente establece que deben ser abordados por el sistema de protección integral de derechos.
La tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes, con Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentrando el 75% de los casos. Más del 60% de los jóvenes privados de la libertad tienen entre 16 y 17 años, mientras que más del 30% continúa cumpliendo medidas judiciales luego de haber alcanzado la mayoría de edad.
