Mientras el Congreso se prepara para debatir un nuevo Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, un repaso por América Latina y las estadísticas locales muestra que reducir la edad de imputabilidad no garantiza, por sí solo, una baja del delito juvenil ni de los homicidios.
Argentina podría comenzar la próxima semana el debate parlamentario sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por el oficialismo, que contempla la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años y un esquema de financiamiento nacional para reforzar la infraestructura penitenciaria provincial. Uno de los argumentos centrales es la comparación con otros países de la región, aunque los datos internacionales ofrecen un panorama complejo y dispar.
Según informes de Insight Crime, varios países de América Latina que fijaron la edad de punibilidad en 12 años figuran entre los que presentan las tasas de homicidios más altas de la región. Ecuador encabeza el ranking con 38,8 homicidios cada 100.000 habitantes, seguido por Honduras (25,3), Brasil (21,1), México (19,3), Costa Rica (16,6) y Panamá (12,9).
La principal excepción es El Salvador, donde una política de detenciones masivas, que alcanza a adolescentes desde los 12 años, redujo los homicidios de 60 a 1,9 cada 100.000 habitantes, convirtiéndolo en el país con mejor registro regional. En tanto, Bolivia, con edad de punibilidad en 14 años, registra una tasa de 3 homicidios, mientras que Argentina, con punibilidad desde los 16, presenta 3,8, con una caída del 42,4% en los asesinatos durante la última década.
En el otro extremo aparecen Venezuela (26,2) y Colombia (25,4), donde la edad de punibilidad es de 14 años, y Uruguay, con punibilidad desde los 13, que registra 10,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Casos como Perú y Chile, con detenciones desde los 14 años, mantienen tasas relativamente bajas en el estándar regional, pero con fuertes aumentos interanuales: 35,9% y 139,1% respectivamente.
Los datos sugieren que la edad de imputabilidad, por sí sola, no explica la evolución del delito. Esa tendencia también se observa en la Argentina. De acuerdo con el Relevamiento de Dispositivos y Población Penal Juvenil de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en 2023 había 4.299 adolescentes con algún tipo de medida judicial, lo que representa una caída del 40% respecto de 2015.
De ese total, solo el 20,7% se encontraba con medidas privativas de la libertad. Además, menos del 1% de los adolescentes detenidos tenía menos de 16 años, y su principal delito fue el robo sin agravantes. La participación juvenil en homicidios resulta marginal: intervinieron en 8 de las 490 causas, incluidas tentativas y homicidios culposos.
A nivel federal, la provincia de Buenos Aires concentra más de la mitad de los casos, aunque el propio Ministerio Público bonaerense estima que la participación juvenil representa apenas el 2,25% del total de las causas penales.
Especialistas advierten que el debate no debería centrarse únicamente en la edad de punibilidad, sino también en qué tipo de respuestas penales y sociales se aplican, especialmente para el 80% de los adolescentes que no están privados de la libertad. La falta de registros sobre medidas alternativas al encierro aparece como uno de los principales vacíos del sistema actual.
Con el proyecto a punto de ingresar al recinto, el Congreso enfrenta el desafío de ir más allá de la baja de edad y discutir un modelo integral que combine justicia, prevención y políticas públicas sostenidas para el delito juvenil.
