Tras un acuerdo entre jefes de bloque, la Cámara baja tratará el proyecto impulsado por el oficialismo, que retoma el dictamen aprobado en comisión en 2025 e incorpora un esquema de compensación presupuestaria para las provincias.
La Cámara de Diputados acordó convocar a una sesión especial para el jueves 12 con el objetivo de tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
El entendimiento se selló este miércoles durante una reunión de jefes de bloque en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem.
Según se informó oficialmente, La Libertad Avanza insistirá con el mismo texto que obtuvo dictamen en mayo del año pasado, aunque con un agregado presupuestario reclamado por gobernadores para garantizar la implementación del régimen en las provincias.
El cronograma acordado prevé que el martes se constituyan las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes y de Justicia, que se sumarán a las de Presupuesto y Legislación Penal, ya conformadas en diciembre.
El miércoles se realizará el plenario de comisiones para firmar los dictámenes y, finalmente, el jueves, el proyecto será llevado al recinto.
Con la nueva composición de la Cámara, el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para lograr la media sanción, apoyado en que incluso sectores de la oposición, como una parte de Unión por la Patria, ya habían acompañado la iniciativa en el debate anterior.
El punto incorporado al dictamen establece que, en caso de que la implementación del régimen implique un gasto superior al presupuestado por las provincias, la diferencia será cubierta por Nación mediante convenios específicos. No obstante, el impacto fiscal total del proyecto aún no fue estimado, ya que la iniciativa no fue enviada a la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Qué propone el Régimen Penal Juvenil
El proyecto fija la edad de imputabilidad en 14 años, establece un sistema de sanciones graduadas según la gravedad del delito y prioriza medidas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, programas educativos, reparación del daño y tratamiento psicológico.
Para delitos graves, se contempla una pena máxima de 15 años de prisión, con un sistema escalonado en el que la privación de la libertad queda reservada para casos de mayor gravedad, en institutos especializados y sin contacto con adultos.
Del encuentro participaron representantes de todos los bloques, aunque Unión por la Patria y el Frente de Izquierda expresaron reparos al ritmo del tratamiento legislativo. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro pidió evitar un debate “a las patadas” y reclamó mayor tiempo de discusión.
El proyecto se debatirá en la recta final del período de sesiones extraordinarias, convocadas por el presidente Javier Milei, y se perfila como uno de los temas más sensibles de la agenda parlamentaria.
