Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el Ejecutivo concentra su atención en los compromisos financieros del 9 de enero y analiza distintas fuentes de financiamiento para completarlos.
Con el Presupuesto 2026 ya sancionado, el Gobierno nacional comenzó a concentrarse en el primer compromiso financiero relevante del nuevo año: el pago de vencimientos de deuda previsto para el 9 de enero, que asciende a US$4.225 millones.
De acuerdo a fuentes oficiales, el Tesoro Nacional ya cuenta con unos US$1.800 millones disponibles, aunque todavía resta definir cómo se obtendrán los US$2.400 millones restantes para completar el pago en tiempo y forma.
Pese a ese escenario, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron que el Gobierno cumplirá con sus obligaciones y aseguraron que existen diversas alternativas en evaluación para cubrir el monto total.
Entre las opciones que analiza el equipo económico se encuentran acuerdos de financiamiento tipo REPO con bancos privados, además de posibles colocaciones en el mercado local de deuda. En cambio, desde el Palacio de Hacienda descartaron recurrir en el corto plazo a los mercados internacionales.
Caputo explicó que el objetivo de la administración libertaria es reducir gradualmente la dependencia del financiamiento externo, en especial de Wall Street, y avanzar hacia un esquema apoyado en un mercado de capitales doméstico más sólido.
“Buscamos que el financiamiento internacional sea una herramienta marginal y no estructural”, señaló el ministro en recientes declaraciones, donde también afirmó que ya existen ofertas de REPO que superan ampliamente el monto necesario para cubrir los vencimientos de enero.
En la misma línea, Milei sostuvo que el pago está garantizado y remarcó la importancia de honrar la deuda como pilar de la credibilidad económica. “Argentina va a pagar. Tenemos gran parte del dinero y opciones concretas de financiamiento”, aseguró el mandatario.
El desafío de enero se presenta así como la primera prueba financiera de 2026, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar el orden fiscal y sostener la confianza de los mercados sin recurrir a un mayor endeudamiento externo.
