El oficialismo busca sancionar su primer Presupuesto tras dos años sin ley presupuestaria y avanzar con la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, en una jornada marcada por tensiones con las provincias y definiciones de fondo en educación, ciencia y recaudación.
Desde las 12 del viernes 26 de diciembre, el Gobierno nacional afrontará una sesión determinante en el Senado, clave para su proyección política y financiera.
Tras más de un mes de negociaciones con los gobernadores, el oficialismo intentará aprobar su redacción del Presupuesto 2026, con el objetivo de interrumpir dos años consecutivos sin una ley presupuestaria vigente.
Además del Presupuesto, el temario incluye el tratamiento del proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que propone una profunda reforma del Régimen Penal Tributario y la implementación de una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias para determinados contribuyentes.
En la Casa Rosada existe preocupación por que en el Senado se replique lo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde una rebelión impulsada desde las provincias impidió la sanción de un capítulo completo del proyecto.
Aquella redacción incluía, entre otros puntos sensibles, la eliminación de leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, cambios en la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, la derogación de la movilidad de asignaciones familiares y la reducción de los alcances del régimen de zona fría.
La atención ahora está puesta en el artículo 30 del Presupuesto 2026, que prevé la derogación de leyes que fijan pisos mínimos de inversión en educación y ciencia. Entre las modificaciones más relevantes, elimina el artículo de la Ley de Educación Nacional que establece un 6% del PBI como piso de inversión educativa, y suprime de la Ley Nº 27.614 el criterio de progresividad del financiamiento en ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. También pone fin al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, financiado con el 0,2% de los Ingresos Corrientes, y al Fondo Nacional de Defensa, equivalente al 0,8% de esos ingresos.
El temor del oficialismo no se limita al contenido de ese artículo. Cualquier modificación al texto aprobado en Diputados obligaría a que el proyecto regrese a la Cámara baja, que tendría apenas dos días para dictaminar y sancionar la ley antes del cierre de las sesiones extraordinarias, previsto para la medianoche del 30 de diciembre.
En ese marco, desde el Gobierno admiten que ya se compraron pasajes de avión abiertos para legisladores provinciales, ante la posibilidad de una convocatoria de urgencia.
Entre las principales proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno prevé un crecimiento del PBI del 5,4%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año. También fija como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI, uno de los pilares del programa económico.
Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación crecería un 0,47% del PBI, con mayor presión sobre los impuestos a los Combustibles y Ganancias, y una menor incidencia de Bienes Personales. Las transferencias corrientes a las provincias aumentarían un 31,1% interanual, mientras que las empresas públicas recibirían $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.
En cuanto a los tributos, el Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%, el IVA alcanzaría los $32,9 billones (8% real), y el impuesto a los débitos y créditos bancarios generaría $16,4 billones, con un crecimiento real del 10%. Además, se prorroga hasta 2045 la exención impositiva a las energías renovables.
Por su parte, la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal introduce cambios significativos en el Régimen Penal Tributario, actualizando los umbrales que determinan cuándo una infracción pasa de administrativa a penal.
El piso para la evasión simple se elevaría a $100 millones, y para la evasión agravada a $1.000 millones. También se modifican multas, plazos de prescripción y se crea un régimen voluntario de declaración jurada simplificada de Ganancias, en el que la autoridad fiscal confecciona la declaración con datos disponibles y libera de otras obligaciones a quienes cumplan en tiempo y forma.
Con este escenario, el Gobierno apuesta a reunir el respaldo de sus aliados para lograr una aprobación sin cambios y enviar una señal de solvencia fiscal y previsibilidad, en una de las sesiones más relevantes del cierre del año legislativo.
