Un juez federal suspendió el decreto del Ejecutivo y ordenó aplicar la ley aprobada por el Congreso, con recomposición salarial para docentes y no docentes y actualización de becas estudiantiles.
El Financiamiento Universitario volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial luego de que la Justicia Federal ordenara al Gobierno nacional cumplir con la ley vigente, suspendiendo el decreto del Poder Ejecutivo que había dejado sin efecto la norma sancionada por el Congreso.
La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, quien dispuso que el Ejecutivo aplique de manera inmediata los aumentos salariales para docentes y no docentes universitarios, así como también la actualización de las becas estudiantiles.
El fallo representa un revés judicial para el gobierno del presidente Javier Milei, ya que deja sin efecto el decreto que intentaba anular la ley tras el veto presidencial, y reafirma la validez de la norma luego de la insistencia legislativa de ambas cámaras del Congreso.
Salarios, becas y derecho a la educación
En los fundamentos de su decisión, el magistrado remarcó que el Estado tiene la obligación de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso, incluso frente a intentos de suspensión administrativa. Señaló además que el deterioro salarial en el sistema universitario afecta directamente el derecho constitucional a enseñar y aprender, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Cormick advirtió que la falta de actualización presupuestaria compromete el normal funcionamiento de las universidades públicas y pone en riesgo la calidad educativa en todo el país.
Impacto fiscal y jerarquía normativa
El juez también relativizó el impacto fiscal de la medida, al considerar que el ahorro que implicaría no aplicar la ley resulta poco significativo en relación con el presupuesto total de la Administración Pública Nacional.
En ese sentido, cuestionó el argumento oficial basado en la ley 24.629, que exige financiamiento específico para nuevos gastos, y sostuvo que una norma de menor jerarquía no puede imponerse sobre un mandato constitucional ni sobre una ley ratificada por el Congreso.
Qué establece la ley de Financiamiento Universitario
La norma busca garantizar la continuidad del sistema universitario público y contempla, entre otros puntos clave:
- Actualización automática de los presupuestos universitarios de acuerdo con la inflación.
- Recomposición salarial para docentes y no docentes, con carácter remunerativo y bonificable.
- Convocatoria obligatoria a paritarias nacionales con actualizaciones mensuales.
- Fortalecimiento de los programas de becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Con esta decisión, la Justicia reafirmó la vigencia de la ley y obligó al Gobierno a restablecer los mecanismos de financiamiento destinados a sostener el sistema universitario público en todo el país.
