La Justicia dispuso el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico con GPS para un hombre de 36 años imputado por amenazas, desobediencia judicial, intento de agresión y robo en un contexto de violencia de género.
El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti formuló cargos contra un hombre de 36 años, acusado por cuatro hechos de violencia de género cometidos contra su ex pareja, con quien tiene hijos en común. En ese marco, la Justicia dispuso la colocación de una tobillera electrónica con control satelital para reforzar la protección de la víctima.
La audiencia de formulación de cargos se realizó este martes. Según expuso la fiscalía, el primer hecho ocurrió el 4 de julio de 2025, cerca de las 20, en una vivienda del barrio Norte. El imputado se presentó en el domicilio de la mujer, la amenazó con prender fuego la casa con la intención de retomar la relación, ejerció agresiones físicas y encerró a los ocupantes.
El segundo episodio tuvo lugar el 8 de agosto, alrededor de las 21, en el mismo domicilio, cuando el hombre apedreó la vivienda, incumpliendo una prohibición de acercamiento vigente dispuesta por el Juzgado de Paz de Cinco Saltos.
El tercer hecho ocurrió el 21 de agosto, cerca de las 20, en inmediaciones de la casa de la víctima, cuando el imputado, a bordo de una motocicleta, habría intentado embestirla con el objetivo de atentar contra su integridad física, configurando nuevamente una desobediencia judicial.
El cuarto y último episodio se registró el 19 de octubre, cuando el acusado ingresó por la fuerza al domicilio, se apoderó ilegítimamente de herramientas, causó daños y dejó una inscripción amenazante escrita en un espejo.
La fiscalía calificó los hechos como amenazas, desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio, robo, daño y amenazas, todos en carácter de autor, algunos de ellos en concurso ideal.
Para resguardar a la víctima, el fiscal solicitó la aplicación de un dispositivo de control satelital por GPS, medida que fue avalada por la jueza de Garantías, quien tuvo por formulados los cargos, habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por cuatro meses y ordenó el monitoreo electrónico en tiempo real por el mismo plazo.
Además, se ratificó que continúa vigente la prohibición de acercamiento del imputado tanto al domicilio como a la víctima.
