La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que recibió US$238.720 incautados a Lázaro Báez y más de $4 millones provenientes de la subasta de bienes, en el marco del decomiso ordenado para recuperar más de US$60 millones por lavado de dinero en la causa Ruta del dinero K
La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó este 19 de diciembre de 2025 que recibió US$238.720 incautados al empresario Lázaro Báez, además de más de $4 millones obtenidos por la subasta de dos aviones, en el marco del avance del decomiso de bienes dispuesto en la causa conocida como Ruta del dinero K.
La transferencia fue realizada por el Tribunal Oral Federal N.º 4, presidido por Néstor Costabel, luego de que se ordenara avanzar con la ejecución del decomiso hasta cubrir una suma superior a los US$60 millones, tal como estableció la condena firme por lavado de activos.
Avance del decomiso y traspaso de fondos al Estado
A comienzos de este mes, el máximo tribunal puso en marcha el operativo para que el dinero y los bienes decomisados queden bajo la órbita del Estado nacional. En ese marco, ordenó la inscripción registral de los activos a nombre de la Corte Suprema, en cumplimiento de los artículos 23 y 305 del Código Penal y el artículo 522 del Código Procesal Penal.
Según precisaron fuentes judiciales, los fondos transferidos provienen de cuentas bancarias incautadas y de la venta en subasta pública de bienes que estaban bajo embargo.
La condena y el monto total a recuperar
La sentencia dictada en abril de 2021 por el TOF 4 fijó un decomiso total de aproximadamente US$61,13 millones, discriminados en distintas partidas: US$54,87 millones, US$5 millones, US$307.994 y US$950.000. A esos montos se suman $4,17 millones, actualizados por inflación según el índice del INDEC.
El fallo estableció que, una vez firme, debía ejecutarse el decomiso sobre todos los bienes embargados. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y ratificada definitivamente por la Corte Suprema en mayo de 2025, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos presentados por los condenados.
El conflicto por el control de los bienes recuperados
El proceso de decomiso no estuvo exento de controversias. Tras conocerse la sentencia firme, el Gobierno nacional dictó el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia para supervisar estos activos.
La medida generó tensiones institucionales, ya que la Corte Suprema había establecido que la administración de los decomisos corresponde a los jueces penales, como garantía de la independencia judicial. Ante esta situación, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda por intromisión en las competencias del Poder Judicial.
En octubre de 2025, el juez federal Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto, al considerar que alteraba de manera inconstitucional el sistema de gestión de bienes ilícitos y afectaba la autonomía y autarquía presupuestaria de la Corte.
Cómo funcionó la Ruta del dinero K
Durante la investigación, la Justicia determinó que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 operó una organización criminal dedicada al lavado de dinero, vinculada principalmente a la empresa Austral Construcciones, dirigida por Lázaro Báez.
Las maniobras se realizaron a través de la financiera SGI y de un entramado de operaciones en el país y en el exterior que permitió la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de US$54.872.866,69.
Según el fallo, el dinero era depositado en bancos internacionales con escasos controles fiscales, a nombre de personas jurídicas, para luego ser utilizado en la compra de bonos de deuda pública que se liquidaban en la plaza local, simulando inversiones extranjeras en Austral Construcción S.A.
Bienes, compras y maniobras acreditadas
Además del episodio conocido como “La Rosadita”, el tribunal dio por probadas otras maniobras de lavado independientes. Entre ellas, la compra de un campo en Mendoza (estancia El Carrizalejo) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, sobre avenida Del Libertador, a nombre de Leonardo Fariña.
También se acreditó el pago de los gastos del casamiento de Fariña con Karina Jelinek y la adquisición de autos de lujo como una Ferrari California, una BMW X6 y un Audi R8 Spyder, con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.
