La Casa Rosada decidió dividir el rediseño del sistema impositivo en proyectos separados para reducir el impacto fiscal y preservar el equilibrio de las cuentas públicas. La prioridad inmediata del Ejecutivo será la aprobación de la reforma laboral.
El Gobierno nacional resolvió postergar la implementación de una reforma tributaria integral y avanzar, en cambio, con modificaciones parciales y graduales a partir de 2026. La estrategia oficial apunta a fragmentar el rediseño impositivo en una serie de proyectos independientes, con el objetivo de minimizar el costo fiscal y evitar desequilibrios en las finanzas públicas.
Desde la Casa Rosada descartan, al menos en el corto plazo, impulsar una transformación completa del sistema tributario. En su lugar, los cambios se aplicarían de manera escalonada entre 2026 y 2027, mientras que la prioridad política y legislativa inmediata del Ejecutivo está puesta en la sanción de la reforma laboral, que busca aprobar antes de febrero y que consideran una condición previa para avanzar con el resto de las reformas estructurales.
En el oficialismo reconocen que aún no está definida la secuencia exacta de las modificaciones impositivas. Los equipos técnicos del Ministerio de Economía analizan distintos escenarios, aunque coinciden en que las transformaciones más profundas quedarán relegadas para una etapa posterior. La propuesta más ambiciosa —que incluía un nuevo esquema de IVA, la eliminación del impuesto al cheque y cambios en el régimen de coparticipación— es considerada actualmente inviable por la falta de consenso político y margen fiscal.
Uno de los ejes centrales del análisis oficial es el régimen del monotributo, al que el Gobierno define como insostenible en el mediano plazo. Entre las alternativas en estudio se evalúa su reemplazo por esquemas más flexibles que faciliten la transición al régimen general mediante incentivos fiscales progresivos. Este punto también fue señalado por el Fondo Monetario Internacional, que mantiene bajo observación el sistema tributario argentino.
En paralelo, el Ejecutivo admite que cualquier reducción impositiva tendrá un costo fiscal significativo y asegura que solo avanzará si el crecimiento económico permite compensar la pérdida de recaudación. En ese marco, el Gobierno pretende que eventuales bajas de impuestos estén acompañadas por recortes del gasto provincial, con la intención de fomentar una mayor competencia fiscal entre jurisdicciones.
Como anticipo de este proceso, el Ejecutivo incluyó cambios tributarios dentro del proyecto de reforma laboral enviado recientemente al Senado. El paquete contempla reducciones en el impuesto a las Ganancias corporativas, nuevas exenciones para operaciones financieras e inmobiliarias, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la devolución del saldo técnico de IVA desde el tercer período fiscal y la eliminación de impuestos internos de baja recaudación. Para el Gobierno, estas medidas representan el primer paso antes de encarar una baja impositiva de mayor alcance a partir de 2026.
