El borrador de la reforma laboral que impulsa el Gobierno introduce cambios profundos para el personal de casas particulares y los repartidores de aplicaciones. La iniciativa redefine el período de prueba, actualiza derechos y obligaciones, incorpora nuevas formalidades para pagos y establece por primera vez un marco legal específico para plataformas de delivery.
El último borrador de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei introduce cambios significativos para dos sectores con regímenes especiales: el personal de casas particulares y los trabajadores de reparto vinculados a aplicaciones digitales. El documento, al que accedió Infobae, redefine derechos, obligaciones y modalidades de contratación, y establece nuevas reglas para ambas actividades.
Nuevas reglas para empleadas domésticas
El régimen del personal de casas particulares incorpora un período de prueba de seis meses para todos los nuevos contratos por tiempo indeterminado. Durante ese lapso, cualquiera de las partes podrá finalizar la relación sin necesidad de justificar motivos y sin abonar indemnización. El empleador, sin embargo, no podrá utilizar este período más de una vez con la misma persona, a fin de evitar contrataciones sucesivas sin estabilidad.
La reforma mantiene la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales, con un descanso mínimo de 35 horas corridas desde los sábados a las 13. También exige un intervalo de 12 horas entre jornada y jornada, en especial para el personal con retiro.
El proyecto incorpora flexibilidades: la provisión de ropa y elementos de trabajo podrá sustituirse por un pago no remunerativo al finalizar el período de prueba. En materia de alimentación, el empleador deberá garantizar comidas adecuadas según la modalidad de contratación. Además, se vuelve obligatorio contratar un seguro contra riesgos del trabajo.
El texto también enfatiza los deberes del empleado: cumplir instrucciones, cuidar los bienes y preservar la intimidad del hogar, prohibiendo divulgar información personal o ideológica de la familia.
Uno de los cambios más relevantes es la obligación de instrumentar recibos de sueldo de manera electrónica a través del sistema que defina la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El comprobante bancario será prueba suficiente de pago. En caso de juicios laborales, los créditos se actualizarán con los mismos intereses que rigen para la Ley de Contrato de Trabajo.
Marco legal para repartidores de plataformas
El borrador incorpora por primera vez un régimen específico para los repartidores que operan a través de aplicaciones. El Gobierno busca impulsar la economía digital y, al mismo tiempo, establecer un marco claro sobre su condición jurídica: los repartidores son considerados trabajadores independientes, no empleados en relación de dependencia.
El sistema define a la mensajería urbana como la recolección y entrega de bienes dentro de una ciudad mediante transporte propio. Los repartidores podrán elegir libremente cuándo conectarse, qué pedidos aceptar y cuánto tiempo trabajar. Tampoco tienen obligación de justificar rechazos ni de cumplir horarios mínimos.
Las plataformas deberán brindar información transparente sobre el pedido antes de que el repartidor decida aceptarlo, permitir reclamos accesibles y explicar las razones de bloqueos o suspensiones. También deberán ofrecer capacitaciones gratuitas en seguridad vial y uso de la aplicación, así como garantizar elementos de protección (como casco o chaleco) según el tipo de transporte.
Para operar, los repartidores deberán inscribirse ante ARCA, contar con una cuenta bancaria o billetera electrónica para cobrar, cumplir normas de tránsito y contratar un seguro de accidentes personales. El régimen garantiza derechos adicionales: recibir el 100% de las propinas, conocer los datos que la plataforma acumula sobre su actividad y desconectarse en cualquier momento sin obligación previa.
Un régimen diferenciado, pero más regulado
Si bien el borrador mantiene a ambos sectores —doméstico y plataformas— fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, homogeniza criterios y eleva estándares mínimos de formalidad, pago, descanso y seguridad. De prosperar, las modificaciones implicarán un reordenamiento de prácticas habituales tanto en hogares empleadores como en las aplicaciones de delivery.
