El borrador preliminar propone cambios profundos en el régimen laboral argentino: redefine indemnizaciones, modifica la registración, crea un régimen para plataformas digitales y habilita beneficios para regularizar empleo no declarado.
El Gobierno nacional trabaja en los últimos ajustes del proyecto de reforma laboral, una iniciativa que apunta a modificar de forma integral la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas complementarias. Según el borrador preliminar, el objetivo central es “reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos”.
El documento prevé la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, destinado a que los empleadores regularicen relaciones laborales no registradas o mal registradas.
Para quienes adhieran, el esquema contempla condonación de deudas previsionales, multas e intereses, además de la baja del REPSAL, siempre que se blanquee a la totalidad del personal incluido.
En materia de registración, el borrador propone que el proceso quede centralizado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y elimina el actual régimen de multas por trabajo no registrado. No obstante, mantiene que la ausencia de registración será una presunción favorable al trabajador en caso de litigio.
Uno de los capítulos más sensibles es el vinculado al régimen indemnizatorio. El texto redefine la base de cálculo, fija un techo equivalente a tres veces el salario promedio del convenio aplicable y establece un piso del 67% del salario normal y habitual. Además, abre la puerta a que los convenios colectivos puedan reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un fondo de cese laboral sostenido por los empleadores.
El borrador también introduce cambios en el artículo 212, que regula enfermedades y accidentes laborales, y ajusta los criterios para la reincorporación del trabajador, con modalidades de indemnización diferenciadas según el tipo de incapacidad.
Otro capítulo relevante es la creación de un régimen especial para repartidores de plataformas digitales, a quienes define como “trabajadores independientes”. El esquema fija obligaciones fiscales y previsionales, pero también derechos, entre ellos la posibilidad de rechazar pedidos, recibir explicaciones por bloqueos y mantener estándares básicos de protección.
En cuanto a los procedimientos de crisis y la negociación colectiva, el documento propone exigir mayor transparencia en la información que las empresas deben aportar y establecer sanciones para las partes que obstaculicen la negociación. También incorpora una fórmula de actualización de créditos laborales basada en IPC más 3% anual y limita los montos de juicios en curso para evitar indemnizaciones superiores a las previstas en el nuevo esquema.
El borrador incluye, además, incentivos para la contratación de nuevos empleados, con reducciones temporales en las contribuciones patronales a distintos subsistemas de la seguridad social.
El proyecto seguirá siendo revisado por el Ejecutivo antes de definir la versión final que será enviada al Congreso para su debate.
