Tras la jura parlamentaria, la Casa Rosada avanza con el paquete fiscal, impositivo y laboral y ultima detalles para un diciembre legislativo cargado. El oficialismo evalúa además una cadena nacional por los dos años de gestión.
El Gobierno firmará este viernes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, una decisión que se inscribe en un diciembre de alta intensidad política. Según confirmaron desde Casa Rosada, aún resta definir si el período extraordinario comenzará el 10 o el 11 de diciembre, en coincidencia con el segundo aniversario de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
El llamado llega después de la jura de los nuevos legisladores, paso que despejó el camino para que el oficialismo ponga en marcha la segunda etapa de su agenda: reformas impositiva, fiscal y laboral, además del Presupuesto 2026. La Casa Rosada también evalúa una cadena nacional el 10 de diciembre, en la que Milei realizaría un balance de gestión.
La semana ya estuvo marcada por movimientos estratégicos. Antes de asistir al Congreso para presenciar la jura de los diputados, Milei se reunió en Olivos con su asesor Santiago Caputo. Ambos repasaron el temario que buscará tratarse en el recinto durante el “maratón legislativo” de fin de año.
La apuesta fuerte: la reforma laboral
La reforma laboral se perfila como el proyecto más sensible de la agenda extraordinaria. Tras el cierre técnico de su versión final, el Ejecutivo quiere asegurar que llegue al Congreso sin modificaciones internas y con el respaldo pleno del oficialismo, aun frente al rechazo frontal del sindicalismo.
Con extraordinarias previstas entre el 10 y el 31 de diciembre, la primera minoría en Diputados aparece como la principal herramienta del Gobierno para intentar avanzar. En el oficialismo admiten que no esperan grandes acompañamientos, pero confían en que el clima social “todavía favorable” evitará bloqueos inesperados.
Desde la CGT, Gerardo Martínez volvió a advertir que la iniciativa “recorta derechos históricos” y deja sin protección garantías centrales del sistema laboral argentino. En la Casa Rosada, en cambio, consideran la reforma un cambio estructural imprescindible y remarcan que las opiniones del Consejo de Mayo “no son vinculantes”.
El proyecto incluye cambios en licencias, vacaciones, jornadas, convenios y modalidades de contratación. Para los empresarios, representa una oportunidad para simplificar procesos y reducir costos que, afirman, traban inversiones. Para las centrales obreras, en cambio, se trata de una reforma regresiva presentada bajo un discurso de modernización.
Con el decreto a punto de firmarse y un calendario parlamentario ajustado, el Gobierno busca capitalizar su nuevo orden legislativo en el inicio de un diciembre que promete ser decisivo para la estrategia política del segundo tramo de la gestión Milei.
