Tres familias de General Godoy demandaron a un desarrollador privado por incumplimiento en un loteo irregular, donde las obras prometidas, como calles, espacios verdes y acequias, no fueron ejecutadas. El fuero Civil de Villa Regina falló a favor de los compradores e impuso indemnización por daño material, moral y punitivo.
Tres familias que compraron lotes en una antigua chacra de General Godoy mediante boletos de compraventa recibieron una sentencia favorable luego de denunciar que el desarrollador privado no cumplió con la infraestructura prometida. El proyecto original contemplaba espacios verdes arbolados, acequias, parrillas con bancos, calles consolidadas, acceso a servicios básicos y una laguna artificial.
Incumplimiento de las obras
Cuatro años después, los vecinos constataron que no existen los espacios verdes ni las acequias, las parrillas no fueron instaladas, los cordones de contención están rotos y las calles se asemejan a huellas, dificultando el tránsito, especialmente en días de lluvia. Los caminos internos no fueron nivelados, carecen de desagües pluviales, el agua potable es insuficiente y los líquidos cloacales no tienen destino. El único servicio completado fue la red eléctrica.
Demanda por daños y perjuicios
Ante el incumplimiento, los tres compradores presentaron una demanda por daños y perjuicios, reclamando indemnización por las obras no realizadas y la demora en la escrituración. El fuero Civil de Villa Regina falló a favor de las familias y condenó a la sociedad anónima a pagar daño material, moral y punitivo, este último por no brindar información esencial en el contrato de consumo.
Negativa de la empresa y rol del municipio
La empresa vendedora negó su responsabilidad y atribuyó los problemas a la Municipalidad de Godoy, solicitando su incorporación al proceso. La comuna rechazó cualquier vinculación, recordando que, según la ordenanza vigente, los desarrolladores privados deben garantizar la infraestructura interna y su conexión a los servicios públicos.
Falló judicial
La jueza destacó que la empresa intentó trasladar su incumplimiento al municipio mediante “razonamientos forzados”. En la sentencia, señaló:
“La vendedora prometió en el contrato contraprestaciones que, o bien no podía cumplir, o no podía hacerlo en tiempo y forma. Es así que, con el objetivo de salvaguardar su responsabilidad, trae aquí a la Municipalidad”.
El fallo concluyó que la empresa incumplió los contratos, no entregó la posesión en el plazo acordado ni completó las obras, justificando la aplicación del daño punitivo según la Ley de Defensa del Consumidor.
