BARCELONA.– El único elemento en el que han coincidido la prensa progresista y la conservadora en España a la hora de valorar la inédita condena a dos años de inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito revelación de secretos es en definirla como un “hecho histórico”. En el resto, la discrepancia es total. Desde que se filtró el jueves pasado cuál sería el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo, los análisis sobre el juicio a García Ortiz tanto en la esfera política como en la mediática han reproducido fielmente la agria división política existente en España entre quienes apoyan al gobierno del socialista Pedro Sánchez y quienes desean su inmediata caída. Y en el fragor de la batalla, la primera víctima es la imagen de independencia del Poder Judicial.
La acusación contra García Ortiz, seguida de su dimisión este lunes, surge de una controversia por el contenido de las negociaciones entre la fiscalía y los abogados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP), actualmente procesado por fraude fiscal. González Amador está imputado por la supuesta elaboración de facturas falsas por 350.000 euros, un delito por el que podría enfrentar casi cuatro años de cárcel.
El caso tomó un giro político cuando, como reconoció en el juicio el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, él mismo filtró el año pasado una noticia falsa que acusaba al Gobierno central de intervenir en el expediente de González Amador. Al día siguiente, la oficina del fiscal general emitió un comunicado desmintiendo la versión, pero para entonces ya se habían filtrado a la prensa documentos oficiales que demostraban la falsedad de la acusación.
El juicio se centró precisamente en determinar si fue García Ortiz quien facilitó a los medios esos documentos y si ello constituyó una filtración irregular.
En la sede del PP se celebró la sentencia del Tribunal Supremo como una gran victoria sobre el gobierno. “[La sentencia] confirma que quien debía perseguir el delito, lo cometió”, espetó su líder, Alberto Núñez Feijóo, que tildó a García Ortiz de “peón” del Ejecutivo en su estrategia contra el PP.
Acto seguido, y por enésima vez, Feijóo pidió la dimisión del presidente Sánchez.
Tras la condena al fiscal general, no hay otra salida decente que la dimisión de Sánchez. pic.twitter.com/pP6HEPEHn7
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 20, 2025
Por su parte, el diario conservador El Mundo se felicitó por una sentencia que considera una muestra de la independencia del Poder Judicial. “Su inhabilitación como fiscal general es la inhabilitación moral y política del gobierno al que ha servido rebasando los límites de la ley”, reza el editorial del diario.
En cambio, al otro lado de la trinchera, la valoración era diametralmente opuesta. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se limitó a declarar que el gobierno tiene “el deber legal de respetar el fallo”, pero también “el deber moral” de decir que no lo comparte.
El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. pic.twitter.com/ls81VFyvSt
— Félix Bolaños (@felixbolanosg) November 20, 2025
Sin embargo, los partidos que apoyan al Ejecutivo fueron mucho más mordaces en sus críticas, y varios de sus representantes calificaron el dictamen de “golpismo judicial”. Desde su punto de vista, el hecho de que no hubiera ninguna prueba concluyente contra el fiscal, sino tan solo indicios, y de que los periodistas que publicaron la filtración hayan negado en sede judicial que García Ortiz fuera su fuente convierten la sentencia en una injusticia, y una prueba más de la voluntad de la cúpula judicial de derribar el gobierno.
Mientras políticos y periodistas salían en tromba a valorar el histórico fallo, varios expertos legales pidieron cautela hasta que no se haga público el texto de la sentencia con sus correspondientes argumentos legales. Entre ellos, el prestigioso catedrático de derecho Jordi Nieva-Fenoll, que se muestra preocupado por los efectos del vitriólico debate actual en “la imagen de la independencia judicial”.
En un artículo publicado en El País, Nieva-Fenoll recuerda que cuando se supo la composición del tribunal, algunos periodistas ya clasificaron a cada uno de los magistrados con las etiquetas de “conservadores” o “progresistas”. “Incluso alguno se atrevió a decir que los primeros votarían por la condena y los segundos por la absolución. Pues bien, exactamente así ha ocurrido… No sirve a la imagen de independencia que debe conservar la Justicia que sus servidores se vayan poniendo camisetas”, lamenta.
La cuestión de la politización de la Justicia en España es un viejo debate que se ha reavivado con fuerza estos últimos años. De hecho, la Justicia europea ya ha dado varios toques de atención a las instituciones españolas por la falta de independencia del poder judicial. Pero cada bando, progresistas y conservadores, tan solo escuchan sus sentencias cuando les conviene.
Por ejemplo, los jueces europeos han criticado en numerosas ocasiones que sea el gobierno quien nombre de forma unilateral al fiscal general del Estado. Sin embargo, ello no impidió que Sánchez apostara por nombrar a García Ortiz, a quien la oposición consideraba demasiado cercano al Ejecutivo. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, llegó a calificarlo de “no idóneo” para el cargo, y el magistrado fue también reprobado por el Senado, con mayoría conservadora.
En cambio, el PP ha ignorado también las opiniones de los magistrados europeos cuando le ha convenido. La última ocasión, este mismo mes cuando el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) validó la legalidad de la amnistía a los líderes y activistas independentistas por el referéndum de autodeterminación de 2017, todo un revés para el Tribunal Supremo, que se ha negado a aplicar en numerosos casos. La ley de amnistía es la de mayor calado político aprobada en esta legislatura.
Aunque García Ortiz presentó su renuncia este lunes, su batalla judicial probablemente no terminará aquí. El magistrado puede recurrir al Tribunal Constitucional que, a diferencia del Supremo, cuenta con una mayoría de jueces progresistas. Ahora bien, esta es mucho más ajustada que la conservadora en el Supremo, por lo que sus resoluciones son más impredecibles. En todo caso, el Constitucional ya ha enmendado la plana al Supremo en varias sentencias de calado, otro golpe al prestigio de la Justicia española. Y es que algunos analistas interpretan sobre todo la condena a García Ortiz como la expresión de una batalla en el seno del Poder Judicial entre magistrados de diversas sensibilidades ideológicas.
