La Corte Suprema tardó menos de 48 horas en alinearse con el Gobierno de Javier Milei tras la victoria en las elecciones de medio término. En un súper martes, el trío que integra el máximo tribunal apuró fallos contra los dirigentes peronistas y cerró causas contra integrantes de la administración de La Libertad Avanza (LLA). Por un formalismo, confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri, en la víspera de su encuentro con Javier Milei, en un caso muy sensible: el que estaba centrado en el espionaje que sufrieron los familiares de los 44 tripulantes del San Juan, el submarino de la Armada Argentina que se hundió en noviembre de 2017. En los tribunales apuestan a que los cortesanos buscan hacer buenas migas con Milei para evitar una ampliación de la Corte y tener poder de veto sobre los nombres de quienes sean postulados para sumarse al cuerpo.
Hacía tiempo que no se vivía un martes tan frenético en la Corte. En el primer acuerdo después de los comicios, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se ocuparon de mostrar que no tienen ni la más mínima intención de condicionar al Gobierno de Milei.
Entre otros temas, los supremos se despacharon con varios expedientes de claro impacto político:
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Allanaron el camino para el inicio del juicio de los cuadernos, que tendrá a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada. El proceso contra CFK y otros 86 imputados comenzará el jueves próximo. La semana anterior, los supremos también se habían ocupado de confirmar el sobreseimiento de Carlos Stornelli, fiscal de la causa cuadernos, por sus andanzas con Marcelo Sebastián D’Alessio, condenado por haber sido parte de una trama que espiaba y extorsionaba.
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Confirmaron el sobreseimiento de Macri y de los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos por las tareas de vigilancia que se hicieron sobre las familias de los submarinistas.
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Ratificaron el sobreseimiento del actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en un expediente que se inició a partir de que Página/12 reveló que, cuando era presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), convocó a una reunión en la que exhibió una foto de Florencia Kirchner y preguntó: “¿Y con ésta qué hacemos?”.
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Desestimaron una denuncia contra el actual ministro de Economía, Luis Caputo, por la entrega de bonos de deuda pública que databa de 2017. En esa causa, Caputo era defendido por Matías Cúneo Libarona, hermano de Mariano, ministro de Justicia de Milei.
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Confirmaron las condenas contra el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno en las causas conocidas como “cotillón anti-Clarín” y amenazas en la asamblea de Papel Prensa. El fallo lo inhabilita para ejercer cargos públicos.
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Sostuvieron que Martín Sabbatella debe volver a ser juzgado por administración fraudulenta mientras encabezaba la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
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Confirmaron el procesamiento del exministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Sueños Compartidos en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos en la construcción de viviendas populares en conjunto con la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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Confirmaron el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa en la que se investiga violencia sexual contra una exsecretaria.
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Decidieron que las causas contra el protocolo antipiquetes, el caballito de batalla de Patricia Bullrich, tramiten en el fuero contencioso-administrativo federal, que era el lugar preferido por el Gobierno. Esto no necesariamente será alentador para la administración de LLA, ya que allí está radicada una demanda que inició el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la que se plantea la inconstitucionalidad de la resolución 943/2023.
La batería de fallos –contra el peronismo y a favor de los aliados de Milei– fue mencionada en la carta que CFK difundió el viernes por la mañana. Allí diagnosticaba que “si algo queda claro es que la dirigencia política, sindical y social en la Argentina está en libertad condicional”.
Antes de las elecciones, una composición especial de la Corte –Rosatti, Rosenkrantz y dos conjueces– firmaron un fallo que terminó siendo la señal que buscaban desde el oficialismo contra las causas por lesa humanidad. En esa resolución, la Corte sostuvo que no puede haber prisiones preventivas mayores a tres años –algo que suele ocurrir en las causas por crímenes durante el terrorismo de Estado, en buena medida por las demoras en las que incurren los propios supremos. En los tribunales se empezaron a acumular reclamos de represores para ser excarcelados. Desde los organismos de derechos humanos piden a los tribunales que rechacen estas peticiones como hicieron en 2017, cuando se apartaron del criterio fijado por la Corte en la causa del 2×1.
En la Corte siguen con atención los movimientos que se dan en el mundo político. Los intereses de los supremos están enfocados en las negociaciones que deberían darse para completar el máximo tribunal, que inevitablemente deberían implicar al peronismo, ya que actualmente tiene 34 de los 72 votos en el Senado. A partir de diciembre, el número mermará a 28, pero sigue siendo el árbitro indiscutido, ya que para designar a un juez de la Corte se requieren los dos tercios de la Cámara Alta.
Hay, al menos, cuatro nombramientos que requieren la construcción de acuerdos: los dos espacios vacantes en la Corte, la procuración general de la Nación y la defensoría del pueblo.
Una evaluación que hacen en Comodoro Py es que la Corte tiene su apuesta: pretende que sigan siendo cinco los integrantes y que se acuerden los nombres de los candidatos con ellos. “Con los fallos dicen ‘estamos con ustedes, no nos manden a cualquiera’”, grafica un juez que trajina hace varias décadas los laberintos judiciales.
Hay otra cuestión a la que le prestan atención en la Corte: si se implementa el sistema acusatorio en los tribunales de Comodoro Py, cuyo arranque está previsto para el lunes 10 de noviembre. La opinión mayoritaria es que volverá a postergarse, pero aún no hubo una comunicación oficial por parte del Gobierno. En la Procuración dicen tener “millones de rumores”, pero nada más.
Cúneo Libarona se presenta como el implementador del acusatorio. Así lo había resaltado en su carta de renuncia, que circuló por los WhatsApps de funcionarios judiciales, pero que quedó en un cajón tras un pedido del Presidente de que permaneciera en el Ministerio de Justicia.
Una lectura que hacen en el Palacio de la calle Talcahuano es que la permanencia de Cúneo Libarona le permite al Gobierno estirar los tiempos para negociar. Desde el inicio de la gestión, el ministro cumplió un rol protocolar. Las negociaciones estaban en manos de su número dos, Sebastián Amerio, hombre del asesor presidencial Santiago Caputo –que sigue dirimiendo sus internas con el sector del Gobierno que integran Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.
Es un secreto a voces que a Amerio le interesaría convertirse en el jefe de los fiscales, cargo que está vacante desde hace ocho años, cuando Macri forzó la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Para quedarse con ese cargo, el Gobierno tendrá que ofrecer otros.
La negociación en materia judicial no es justamente un fuerte de la administración de LLA. Tiene más de 300 vacantes sin cubrir en la justicia. Designó dos jueces por decreto en la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, lo que provocó un verdadero terremoto. El Senado rechazó sus pliegos por abrumadora mayoría, y el Poder Judicial, a través de un fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, señaló que no podían hacerse nombramientos sin pasar por el Congreso.
