Manuel García-Mansilla, el excomisionado de Javier Milei en la Corte Suprema, recaló en la Fundación Faro, desde donde las huestes oficialistas pretenden librar la batalla cultural. De traje azul y corbata celeste, García-Mansilla dio el martes una clase magistral en la que se preguntaba si el Poder Judicial –a cuya cima él llegó por el dedo del Presidente– era el talón de Aquiles argentino. No solo de dar charlas vive el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Por el contrario, García-Mansilla está abocado a una tarea concreta: el excortesano trabaja desde la fundación que dirige Agustín Laje en quince proyectos de reforma que La Libertad Avanza (LLA) buscará impulsar con el recambio del Congreso tras la victoria en las elecciones de medio término.
Hace dos semanas, cuando el gobierno de Milei iba de escándalo en escándalo, García-Mansilla hizo su reaparición pública en un evento en la Fundación Faro para presentar una serie de reformas estructurales en las que trabaja conjuntamente con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, persona de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.
Según Ibarzábal Murphy –quien fue uno de las cerebros de la Ley Bases–, lo que pretenden es rediseñar el sistema jurídico argentino “para garantizar la libertad del individuo”. García-Mansilla, por su parte, está coordinando equipos de trabajo para hacer quince propuestas distintas; parte de la ambición del excomisionado de Milei en la Corte es generar nuevos códigos.
En el evento, García-Mansilla comentó que estaban elaborando una reforma del Código Civil y Comercial que pretende modificar en un 80 por ciento el vigente. El actual Código fue reformado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través de una comisión que estaba encabezada por el supremo Ricardo Lorenzetti, su entonces colega Elena Highton de Nolasco y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci.
García-Mansilla dejó en manos de Andrés Sánchez Herrero la reforma del Código Civil y Comercial. Sánchez Herrero es el director del doctorado en Derecho de la Universidad Austral. La prédica del excortesano es que se buscará limitar las facultades de los jueces y elevar la exigencia de fundamentación en las sentencias. Sánchez Herrero también tiene a su cargo la reforma de la ley de marcas.
Otro de los proyectos implica la redacción de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial de tinte adversarial. Está en manos de Gustavo Calvinho, también docente de la Austral y participante de la comisión convocada para esta reforma durante el gobierno de Mauricio Macri.
Horacio Alais, otro docente de la Austral, está a cargo de la modificación del Código Aduanero. Según García-Mansilla, buscan “eliminar el control por el control mismo”. Sebastián Balbín, subdirector del Departamento de Derecho de la Empresa de la misma universidad, trabaja en una ley general de sociedades. El abogado Pablo Falabella redacta un código de concursos y quiebras en diálogo con un experto de Estados Unidos y otro de Irlanda.
García-Mansilla se reservó para sí mismo un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura, que funciona con una ley que estaba derogada pero que fue resucitada en 2021 por obra y gracia de la Corte Suprema. El principal impacto de ese fallo fue garantizarle a Horacio Rosatti que no solo presidiría el máximo tribunal sino también el organismo encargado de la administración del Poder Judicial, así como de la designación de jueces y juezas.
De acuerdo con lo que dejó trascender, García-Mansilla recién tiene un primer borrador. Su discurso, en este caso, fue que pretende despolitizar los mecanismos de selección de magistrados. No es la voz más autorizada, ya que pasó de ser cortesano a dedo a integrar los equipos del gobierno para trabajar en reformas judiciales.
García-Mansilla estuvo escasos 39 días en la Corte Suprema. Su incorporación fue a hurtadillas. El 27 de febrero juró en una ceremonia prácticamente secreta: no se informó a la prensa y no hubo familiares ni amigos. García-Mansilla debió renunciar después de que los dos tercios del Senado rechazaran su designación. En su última carta como supremo, culpó al Congreso por su desgracia.
Lo que convenció a una mayoría calificada de senadores de votar en contra de García-Mansilla fue que él había dicho que no aceptaría asumir en comisión en la Corte Suprema. Era una forma de diferenciarse de Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes no habían rechazado la designación de Macri, pero finalmente debieron cumplir con el trámite ante el Senado.
En su exposición ante la comisión de Acuerdos, García-Mansilla también defendió el fallo que resucitó una ley derogada para que el presidente de la Corte sea también la cabeza del Consejo de la Magistratura. No es una casualidad: ese fallo fue motorizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una entidad privada que agrupa a los integrantes de los estudios jurídicos más importantes de la City –y los más conservadores también. El Colegio de la calle Montevideo auspició la llegada de García-Mansilla a la Corte e hizo campaña en contra del otro candidato de Milei, el juez federal Ariel Lijo.
De hecho, un día antes de que Lijo debiera presentarse ante el Senado, Victoria Villarruel fue a un evento en el Colegio y allí dijo que no quería que el juez federal llegara al máximo tribunal. Villarruel criticó a Lijo por el criterio que mantiene a la hora de decir qué causas constituyen crímenes de lesa humanidad y cuáles no –uno de los caballitos de batalla sobre los que cabalga la vice, que pretende juzgar a los sobrevivientes de los años ‘70.
García-Mansilla, por el contrario, solía ser un hombre de consulta para la vicepresidenta. Pero evidentemente logró saltar la grieta que la separa del Presidente, y empezó a trabajar con el círculo de confianza de Milei.
