Sobrevivientes del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) convocaron a un abrazo para este sábado a las 15 horas para denunciar la política de desmantelamiento que viene llevando adelante el Gobierno de Javier Milei. Expondrán también los cambios que la administración de La Libertad Avanza (LLA) está introduciendo en el museo, que funciona en el edificio que fue el núcleo del centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE), y que buscan relativizar los crímenes que allí se cometieron.
Poco quedó de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH). Ni siquiera el nombre. En mayo pasado, el Gobierno la bajó a subsecretaría. Al inicio de la gestión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estimaba que había 1050 empleados. Hoy quedan 382 –a los que deben sumarse unos cien que vienen de lo que fue el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Cuando Javier Milei degradó la SDH, hizo también otro movimiento: desjerarquizó el Museo Sitio ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM). Ambos pasaron a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Ese centro quedó en manos de la abogada Ana Belén Mármora, que se encolumna detrás de las Fuerzas del Cielo, que responden al asesor presidencial Santiago Caputo. Mármora proviene del Frente Joven, un grupo que se creó en 2010 para militar contra el matrimonio igualitario y luego contra la interrupción voluntaria del embarazo.
La primera medida de Mármora fue desplazar a la directora del Museo Sitio ESMA, Mayki Gorosito, que contaba con el apoyo de los organismos de derechos humanos para permanecer en su cargo y había trabajado para que la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluyera al lugar dentro de la nómina de patrimonio de la humanidad. En el acto por los diez años del Museo, Gorosito había denunciado la política de reducción de personal que venía implementando la administración de Milei.
En el Museo había 42 trabajadores cuando comenzó la gestión libertaria. Ahora, queda la mitad. Hubo despidos, pero también profesionales que renunciaron porque tuvieron que buscar otro trabajo tras la reducción de sus sueldos. Las áreas más golpeadas fueron las de contenidos, mantenimiento, técnica y asistencia al visitante.
Mármora designó a otro integrante del Frente Joven al frente del Museo. Se trata de Fernando Vedoya, cuya designación recién fue oficializada el jueves en el Boletín Oficial.
Vedoya estaba instalado desde hacía semanas en el Museo. De hecho, fue él quien, a principios de mes, ordenó retirar las marcas que hablaban de la violencia diferencial que sufrieron las mujeres que estuvieron secuestradas en la ESMA.
En marzo de 2019, cuando se cumplían 43 años del golpe, el Museo Sitio de Memoria ESMA revisó su muestra permanente e incorporó una mirada de género, que no había estado presente años antes, cuando se había inaugurado –en mayo de 2015.
Mirar lo sucedido con otros ojos fue, en gran parte, consecuencia del movimiento Ni Una Menos y de la marea verde de 2018, cuando se discutió en el Congreso la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Cuando se removieron las marcas, un grupo de sobrevivientes fue al Museo para entrevistarse con Vedoya. El funcionario les dijo que los cambios obedecían a una directiva del Gobierno contra el lenguaje inclusivo.
Un día después de que estas modificaciones se hicieran públicas, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó una treintena de procesamientos contra represores de la ESMA que había dictado el juez federal Ariel Lijo y envió un mensaje. En ese fallo, el camarista Alejandro Slokar destacó el deber de visibilizar la violencia diferencial sufrida por las mujeres. “Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”, señaló.
La remoción de esas anotaciones llevó al colectivo de sobrevivientes y testimoniantes de la ESMA a llamar a un abrazo, como se hizo el 27 de diciembre pasado para denunciar la destrucción de la política de derechos humanos.
Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, convocó al abrazo para este sábado a través de un audio que circuló por WhatsApp. “Esto es como un repudio contra la avanzada del Gobierno sobre el Museo de la ESMA, y no solamente. Lo que está haciendo este Gobierno es borrar todo lo que se trate de derechos humanos”, denunció la referente.
“Como hemos dicho tantas veces, acá no hubo una guerra, hubo un genocidio. Así que entonces, los esperamos. Inviten gente, porque tenemos que ser muchos. Como siempre, hay que demostrar que seguimos resistiendo, porque no nos han vencido”, cerró su mensaje Taty.
El miércoles corrió la noticia de que habían designado a Manuel Larrabure, nieto del coronel Argentino del Valle Larrabure, en el Museo Sitio ESMA. Su padre, Arturo Larrabure, es asesor de Luis Petri en el Ministerio de Defensa e integra el Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside Victoria Villarruel. Al ser designado en Defensa, Arturo Larrabure justificó, por ejemplo, la visita de los diputados oficialistas a Alfredo Astiz y otros represores que estaban presos en el penal de Ezeiza. También se manifestó a favor de las prisiones domiciliarias.
El 11 de agosto de 1974, el ERP tomó la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de la ciudad de Villa María, Córdoba. En esa acción, Argentino del Valle Larrabure fue tomado prisionero. Estuvo en esa calidad durante más de un año. En agosto de 1975, su cuerpo apareció en un camino de las afueras de Rosario. La organización explicó que se había ahorcado; la familia insiste en que fue asesinado.
Arturo Larrabure declaró públicamente que él decidió pedir que se reabriera la causa por la muerte de su padre después de que Néstor Kirchner sacara a los marinos del predio de Avenida del Libertador. Lo que se pretende con ese expediente es equiparar las acciones de la guerrilla con el plan criminal implementado desde el Estado. En julio pasado, la Corte consideró “abstracto” pronunciarse acerca de si podía ser calificado como un crimen de lesa humanidad porque había muerto el único imputado, Arnol Kremer.
“Según la Corte Suprema, el crimen de mi abuelo sería ‘abstracto’ y no puede juzgarse. Les comento que no fue abstracto. Que fue real y fue atroz”, se quejó Manuel Larrabure en X, mostrándose consustanciado con el reclamo de su familia.
