Familias de los barrios populares y cooperativas que hacen allí trabajos de urbanización manifestaron frente al ministerio de Economía para reclamar que reactive las obras. Y es que el gobierno de Javier MIlei abandonó el programa destinado a que estos barrios se integren al tejido urbano con redes de agua potable, cloacas, redes eléctricas seguras, aperturas de calles y otras mejoras. ”Miles de trabajadores de las cooperativas se quedaron sin trabajo, y millones de familias volvieron a quedar expuestas a la precariedad. Sabemos lo que pasa cuando el Estado abandona a los barrios: avanza el narcotráfico, se fortalecen las economías del miedo y se profundiza la desigualdad”, planteó la Mesa de Barrios Populares en la manifestación.
Una ley obliga al Estado nacional a realizar obras para que estos barrios accedan a todos los servicios públicos; se trata de la Ley 27.453, sancionada en 2018 con el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Hoy sigue vigente, pero el gobierno libertario le quitó el financiamiento, luego de impulsar una campaña para ensuciar al plan de urbanización, utilizando datos falsos: se aseguró que las obras eran una “caja” de corrupción, pero todas las auditorías que se realizaron mostraron que el dinero había sido usado correctamente. Aún así, los trabajos fueron discontinuados.
“Hubo consecuencias en dos planos; por un lado, en que muchos trabajos en los barrios están a medio hacer”, con lo que se desperdicia lo invertido. En segundo lugar “también se perjudicó la creación de lotes con servicios. Hay familias que pasaron por todo el proceso de selección y que les corresponde acceder a lotes donde hacer su vivienda, pero que no pueden hacerlo”, detalló Paulo Echegaray, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
Como parte de la protesta, la Mesa de Barrios Populares entregó un petitorio al ministerio de Economía. En él planteó que las cooperativas tienen 200 expedientes pendientes de pago, es decir que los avances de obra o los proyectos están aprobados pero no han sido abonados. Exigieron por eso tanto el pago de esas deudas como la asignación de nuevos fondos para cumplir con la Ley de Integración Sociourbana.
