La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario con el que Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante los primeros años de la dictadura, pretendía llevar a la Corte Suprema una de las siete causas en las que tiene condena a prisión perpetua. Smart es uno de los cerebros de la impugnación de los juicios por crímenes contra la humanidad y aconsejó a otros condenados guardar información hasta 2040. Si bien acumula sentencias en su contra desde 2012, ninguna fue confirmada por los supremos.
La Sala II de Casación –con los votos de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma– rechazó un recurso que había presentado la defensa oficial de Smart contra el fallo que firmaron el 1 de julio. En ese momento, habían confirmado la condena a prisión perpetua de Smart en un caso en el que quedó probado que la policía bonaerense asesinó al militante Horacio Wenceslao Orué y secuestró a toda su familia –incluidos dos niños.
“El Ministerio de Gobierno, a cargo del incuso Smart, desempeñó un rol estratégico, dotando de cobertura institucional y recursos administrativos al accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. Lejos de tratarse de una figura meramente formal, su intervención fue determinante en el sostenimiento del plan sistemático de represión, lo que compromete directamente su responsabilidad penal en los crímenes cometidos”, escribió entonces Slokar.
Smart llegó al ministerio de Gobierno bonaerense por un ofrecimiento directo del gobernador de facto Ibérico Saint Jean, quien inicialmente lo había tentado con la subsecretaría de Justicia. Del ministerio de Gobierno dependía la policía bonaerense, responsable de la represión en la provincia. En más de una veintena de comisarías o dependencias policiales funcionaron centros clandestinos de detención.
En los juicios, Smart siempre dijo que él no le daba las órdenes a un militar como Ramón Camps, que estuvo al frente de la policía provincial. Sin embargo, su postura actual frente a los tribunales es diferente a la que exhibía ante los medios de comunicación durante la dictadura. “En el Ministerio de Gobierno hemos tenido siempre la necesidad de volcar todos los recursos en la lucha contra la subversión”, declaró, por ejemplo, en diciembre de 1976 a Radio Provincia.
Smart inició su carrera judicial en la jurisdicción de San Isidro. En 1971 se integró a la Cámara Federal en lo Penal, un fuero especial creado para perseguir a los militantes de aquellos años. El “Camarón”, como se lo conocía, fue desarmado en el gobierno de Héctor Cámpora. Smart y su familia se instalaron entonces en Venezuela y regresaron en 1975, meses antes del golpe de Estado. Fue ministro de Gobierno bonaerense hasta septiembre de 1979.
La primera denuncia por el rol de Smart durante la dictadura fue presentada por Héctor y Javier Timerman por el secuestro de su padre, Jacobo, director de La Opinión, en el marco del juicio que se seguía contra el capellán de la Bonaerense Christian Federico von Wernich en 2007. Dos años más tarde, Smart fue detenido. En 2012, recibió su primera condena a prisión perpetua en el juicio por el Circuito Camps.
Después se sumaron nuevas condenas en otras causas: La Cacha, Brigada de San Justo, Orué, el Hogar Casa de Belén, Brigadas y el caso de Horacio “Chupete” Benavides. La marca en estos casos es la demora. Recién en 2021 la Sala I de la Cámara de Casación confirmó las condenas en La Cacha y Circuito Camps. Desde entonces, la Corte Suprema tiene pendiente de revisión estos casos. Luego se agregó la condena de la Brigada de San Justo y pronto llegará, por queja, la causa Orué.
“No conozco otro caso con tantas perpetuas no firmes acumuladas”, dice la abogada querellante Guadalupe Godoy, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “Sigue cobrando su jubilación por el Camarón y sin ninguna restricción en su domiciliaria, se nota que los supremos tienen debilidad por algunos viejitos genocidas”, añade.
Smart pasó de cumplir prisión domiciliaria en su casa del centro porteño a la provincia de Santa Cruz, donde vive buena parte de su familia. Desde allí, se mantiene activo. El año pasado, uno de sus hombres de confianza, Enrique Munilla, les hacía llegar sus análisis sobre “causas escandalosas” a los diputados de La Libertad Avanza (LLA) con los que compartía un chat. Algunos de ellos fueron después a retratarse en una foto de familia con Alfredo Astiz y los otros represores presos en el penal de Ezeiza.
Smart defendió a represores –como el exministro del Interior Albano Harguindeguy o el policía federal Samuel Miara, que se apropió de los mellizos Reggiardo Tolosa– y sigue asesorando a algunos de ellos para no perder sus buenos oficios. En el libro Hijos de los ‘70 –escrito por las periodistas Astrid Pikielny y Carolina Arenes–, Jaime Smart hijo cuenta: “Papá está recomendando a los que están presos ya con cadena perpetua que dejen información en algún lugar seguro con la indicación de que se conozca en 2040”.
Página/12 pudo confirmar, a través de otras personas que hablaron con Smart padre, que ésta era la recomendación que les hacía a otros represores. Con esa estrategia, busca garantizar que muchos familiares de las víctimas ya no estén vivos para saber qué hicieron con sus seres queridos.
