La Cámara de Diputados dio ayer un paso más en la modificación para regular los Decretos de Necesidad Urgencia (DNU). Una parte del arco opositor (Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre) consiguió el dictamen de mayoría que refrenda la media sanción del Senado que pone límite temporario para el tratamiento parlamentario de los DNU que emita el Poder Ejecutivo y que necesitará de la aprobación de ambas Cámaras del Congreso (y ya no una sola) para sostener su vigencia. El proyecto que busca ponerle límites como un “antídoto al hiperpresidencialismo” –como lo definieron los legisladores opositores– llegaría la semana próxima al recinto de la Cámara baja que lo transformaría en ley. Mientras que La Libertad Avanza y el PRO presentaron un dictamen de minoría por el rechazo y calificaron la iniciativa como “un alzamiento contra la Constitución Nacional”.
Los bloques partidarios llegaron al encuentro con las posturas ya decididas y tras un breve debate en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y reglamento, los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre aportaron 35 firmas que transformaron en dictamen de mayoría el proyecto aprobado por la Cámara alta. LLA y el PRO recogieron 10 rúbricas para presentar el propio en minoría por el rechazo, mientras que la Coalición Cívica presentó su dictamen en minoría con diferencias en los plazos sobre el texto que llegó desde el Senado.
“En una república sana nunca se puede legislar por decreto”, dijo el diputado socialista santafesino Esteban Paulón en representación del bloque Encuentro Federal. Tras lamentar que no se haya logrado el consenso necesario el año pasado para avanzar en la modificación de la normativa para el tratamiento legislativo de los decretos del Gobierno, Paulón se refirió al contenido del proyecto: “nos toca discutir, pensar y elaborar un mecanismo lo más restrictivo posible y no permisivo”.
“Lamentablemente se hizo una costumbre, una doctrina y en algunos gobiernos un verdadero despropósito”, afirmó el diputado socialista sobre la utilización de los DNU por parte de distintos Ejecutivos e insistió ante sus pares en que la experiencia recogida en los 19 años de aplicación de la actual ley para la regulación de los decretos “nos deje una enseñanza central: las instituciones deben ser permanentes pensadas a largo plazo”. Sobre esta modificación, señaló que “quizá no sea la reforma perfecta, pero al menos expresa un consenso mayoritario en el Senado y en la Cámara de Diputados”. Por último, auguró: “Hay que volver al equilibrio de poderes y hay que volver a un diálogo sano entre los poderes ejecutivos y legislativos”.
“El hiperpresidencialismo es uno de los males de este país”, dijo Pablo Juliano (DpS) y consideró a esta reforma de la Ley 26.122 como el “antídoto a ese ‘hiperpresidencialismo’”. El radical disidente cerró con dos críticas a la ley vigente con dos ejemplos sobre decisiones del gobierno libertario de Javier Milei en la utilización de los DNU. Primero criticó que “con este ‘hiperpresidencialismo’ trajimos la figura de los ‘DNU Ómnibus’”, en referencia al DNU 70/23 que derogó y modificó más de 300 leyes de distinta índole, que continúa vigente salvo un extenso capítulo laboral que fue declarado inconstitucional por la Justicia del Trabajo. Luego sumó cuestionamientos contra el DNU 179/2025: “Una sola cámara le dio fuerza de ley a una nueva toma de deuda y eso es gravísimo”, sostuvo sobre el empréstito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por eso el proyecto aprobado por más de dos tercios del Senado y que obtuvo dictamen en la Cámara baja sostiene que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Y que los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial. Además de habilitar la convocatoria a las Cámaras aun fuera del período ordinario o de receso para que se expidan sobre los decretos.
En tanto Juan Manuel López (CC) sostuvo que es el Congreso de la Nación quien debe atender “la evaluación y el criterio de necesidad y urgencia” y anunció su acompañamiento a la modificación de la ley aunque en disidencia con los plazos.
Con las firmas ya estampadas sobre cada uno de los dictámenes, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, esgrimió el rechazo de LLA al proyecto atacando a la oposición: “Más allá de las buenas intenciones de algunos legisladores, siguen la misma línea de lo que viene haciendo el Congreso que es buscar hacerle un daño institucional al gobierno de Javier Milei”. “Esta ley es un alzamiento contra la Constitución Nacional”, cerró el libertario santafesino. La apuesta del oficialismo está centrada en la anticipada decisión de Milei de vetar la normativa si se transforma en ley.
