Cada vez son menos los represores que están alojados en la Unidad 34 (U34) de Campo de Mayo, donde el Gobierno de Javier Milei decidió concentrar a los criminales de la última dictadura. Solo 63 presos cumplen condena en el penal instalado en la principal guarnición militar del país. En las últimas horas, Raúl Guglielminetti, el exagente de inteligencia condenado a prisión perpetua, volvió a su casa. En el resto de las cárceles del país solo hay 22 detenidos, según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
Guglielminetti (83) tiene varias condenas a prisión perpetua en su haber. Durante la década del ‘70 integró el Batallón de Inteligencia 601. Actuó en Automotores Orletti –el centro clandestino de detención que regenteaba la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)–, en Campo de Mayo, en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y en Neuquén. Su nombre causó un verdadero escándalo en los primeros meses de la democracia cuando se lo reconoció en una foto como custodio del presidente Raúl Alfonsín.
Hace tiempo que Guglielminetti venía pidiendo volver a su casa. En julio del año pasado, fue uno de los represores que posó en la foto de familia con los diputados de La Libertad Avanza (LLA). Según una de las legisladoras, él fue quien les dio un sobre de papel madera con propuestas para garantizar la domiciliaria para los detenidos por crímenes de lesa humanidad.
Hasta abril pasado, Guglielminetti argumentaba que su edad avanzada constituía una causal autónoma para el otorgamiento del beneficio. En ese momento, no decía tener dolencias que no pudieran tratarse en las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich.
En mayo pasado, Bullrich envió a Guglielminetti y al resto de los que estaban presos en la Unidad 31 de Ezeiza a Campo de Mayo. Para los organismos de derechos humanos, la U34 es una cárcel VIP. Tiene capacidad para 115 personas, pero solo reúne a 63, distribuidas en cinco pabellones.
El 5 de julio pasado, algunos de los represores que están en la U34 –y que se hacen llamar Muertos Vivos en la red social X– celebraron que habían recibido una visita-inspección de la División Sanidad del SPF. “Esperamos que, con pleno conocimiento de la realidad, no vuelvan a enviar a los juzgados informes falsos diciendo que no hay diferencia entre el Hospital Favaloro, el Hospital Italiano y el ‘servicio médico’ de la U34”, escribieron en su cuenta. Ante un pedido de informes de Página/12 sobre la visita-inspección, el Ministerio de Seguridad respondió que era un procedimiento habitual.
El 1 de agosto pasado, la defensa de Guglielminetti volvió a pedir que enviaran al represor a su casa. En esta oportunidad, dijo que estaba internado en terapia intensiva en una clínica privada con diagnóstico de un hematoma subdural derecho.
Como la situación no era clara, la jueza Adriana Palliotti, del Tribunal Oral Federal (TOF) 6, le pidió a la Unidad 34 de Campo de Mayo que explicara qué había pasado con Guglielminetti. La respuesta fue que el 21 de julio lo habían encontrado descompensado en el suelo y que debieron internarlo.
A Guglielminetti le dieron el alta y debió volver a ser internado al poco tiempo. El TOF6 ordenó entonces que no lo reintegraran a Campo de Mayo, sino que lo enviaran al hospital penitenciario de Ezeiza.
La U34 respondió que la situación de Guglielminetti superaba su “capacidad operativa”. El hospital de Ezeiza dijo que no tenía neurokinesiólogos para tratarlo. El Cuerpo Médico Forense (CMF) evaluó su situación y recomendó que fuera derivado a un centro de rehabilitación física por un período de tres a seis meses.
La defensa insistió con que lo enviaran a la casa, a lo que finalmente la jueza accedió en las últimas horas. Guglielminetti estará al cuidado de su esposa y de su hija en Mercedes, provincia de Buenos Aires. La decisión de Palliotti es provisoria: se extiende por tres meses.
Otro de los que fue enviado a su domicilio en los últimos meses –y que también había sido parte del encuentro con los diputados oficialistas– fue Gerardo Arráez, condenado a 25 años de prisión por su actuación en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo (ABO). En su caso, la U34 también adujo no contar con capacidad suficiente para atenderlo. El jueves, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había beneficiado a Arráez, lo que obliga al TOF2 a volver a pronunciarse sobre su situación.
En el caso de Guglielminetti, la jueza pidió que le colocaran la tobillera electrónica, pero no es condición para acceder al beneficio. El 20 de agosto pasado, el Ministerio de Seguridad le informó a este diario que había 1486 dispositivos de monitoreo electrónico en funcionamiento. De ellos, 230 habían sido colocados para controlar a personas en arresto domiciliario por crímenes de lesa humanidad.
Según la PCCH, hay 539 personas detenidas por delitos perpetrados durante los años del terrorismo de Estado. Cuatrocientas cincuenta y cuatro (454) de ellas están en prisión domiciliaria. Eso implica que el Ministerio de Seguridad monitorea a poco más de la mitad. Las domiciliarias en casos de lesa humanidad implican una serie de permisos que son impensables en otras circunstancias: autorizaciones para ir al supermercado en días de oferta, caminatas, salidas a misa, entre otras facilidades.
Varios represores solicitaron que se les permita acceder a salidas transitorias. Uno de ellos es el excapellán de la policía bonaerense Christian Federico von Wernich, condenado a prisión perpetua. Como publicó este diario, el SPF hizo un informe favorable a la petición del cura, que deberá ser evaluado por el TOF1 de La Plata. La auxiliar fiscal Ana Oberlin les pidió a los jueces que no tomen decisión alguna sin escuchar antes a las víctimas.
Otro de los moradores de la U34 de Campo de Mayo que pide la libertad condicional y las salidas transitorias es Alberto Eduardo González, condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). González, a quien llamaban “Gato” dentro de esa mazmorra, es considerado el “mentor” de Victoria Villarruel. Según Cecilia Pando, González escribió un libro que firmó como propio la actual vicepresidenta.
El TOF5 ordenó que González fuera evaluado por el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, que depende de la Cámara Federal de Casación Penal. Uno de los puntos que los expertos debían evaluar era si había comprendido y si se arrepentía de sus crímenes.
Para su defensor, Guillermo Fanego, la del TOF5 era una “pretensión de que declare contra sí mismo para complacer a los perseguidores (muchos de ellos exterroristas o reivindicadores del tiempo sangriento por ellos generado)”. Fanego informó que González no se prestaría a la pericia, considerada un “sainete” para violar sus derechos. “Es muy posible que sí tengan que arrepentirse y eso podría ser cuestionarse el haber arriesgado su vida en salvaguarda de una sociedad que los convocó en su defensa ante el ataque terrorista y luego los condena por haberla defendido”, escribió el letrado con un discurso tan encendido como el de sus defendidos.
