Preocupante incremento de accidentes viales en Neuquén: ya van 2.677 en lo que va del año

La provincia de Neuquén enfrenta una alarmante cantidad de accidentes viales en lo que va del año, con un total de 2.677 incidentes registrados, muchos de ellos con consecuencias graves para las personas involucradas. Así lo informó la Policía de Neuquén, generando preocupación en autoridades, ONG y la comunidad en general.

En diálogo con el programa Matutino, Sandra Torres, referente de la ONG Bien Argentino, especializada en seguridad vial, remarcó la urgencia de tomar medidas para reducir estos números. “En distintas localidades, la policía realiza acciones de prevención, pero es fundamental trabajar en la educación vial para lograr un cambio profundo”, señaló.

Torres explicó que hay períodos críticos, como las vacaciones de verano, invierno o los fines de semana largos, en los que el riesgo se incrementa notablemente. “La ansiedad y el estado anímico influyen directamente en la manera de conducir. Siempre digo que conducimos como vivimos. Si una persona es violenta, al volante esa conducta se potencia”, advirtió.

Entre las principales causas de los siniestros viales en rutas, la referente mencionó el sobrepaso indebido, el exceso de velocidad y el cansancio. En zonas urbanas, por otro lado, los accidentes se deben mayormente a la falta de respeto a los semáforos y señales de tránsito.

En una decisión reciente, se confirmó que Gendarmería Nacional asumirá el control de la seguridad vial en las rutas, reemplazando a la Policía provincial. Esta medida busca reforzar la prevención y control en zonas donde los accidentes son más frecuentes.

Sandra Torres también hizo hincapié en el error humano como principal factor en los incidentes, aunque advirtió que el mal estado de algunas rutas también contribuye a la siniestralidad. “Es indispensable invertir en infraestructura vial y, sobre todo, en campañas educativas permanentes”, concluyó.

La cifra de 2.677 accidentes en lo que va del año representa una señal de alerta que exige respuestas inmediatas y coordinadas entre el Estado, las fuerzas de seguridad, las ONG y la sociedad civil.

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