Un grupo de fiscales y funcionarios judiciales de Río Negro encendió una fuerte polémica tras presentar una denuncia contra la fiscal jefe de la Tercera Circunscripción, Betiana Cendón. El escrito solicita la apertura de un juicio político y la acusa de acoso laboral, maltrato psicológico, abuso de poder y mal desempeño de funciones. Incluso se mencionan posibles delitos, como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
La presentación reúne a fiscales titulares, adjuntos, jefes de división y hasta una defensora pública, todos con asesoramiento legal. La magnitud del planteo deja en evidencia una crisis interna dentro del Ministerio Público Fiscal y aumenta la presión para que se evalúe con seriedad el pedido de juicio político.
En el documento, los denunciantes describen un escenario de violencia psicológica sostenida en el tiempo. Relatan humillaciones públicas, gritos, descalificaciones y expresiones discriminatorias hacia mujeres embarazadas, personas de origen chileno y colectivos de diversidad sexual. También denuncian injerencias arbitrarias en investigaciones y represalias contra quienes se atrevieron a cuestionar su forma de conducción dentro de la fiscalía.
Asimismo, aseguraron que el impacto ya se refleja en la salud del personal: licencias psiquiátricas, tratamientos psicológicos, renuncias y traslados configuran el costo humano de un clima laboral que, según expresan, se volvió insostenible. De acuerdo con el planteo, se trata de un daño “verificable y grave” que compromete tanto la estabilidad de los equipos de trabajo como la credibilidad de la institución judicial.
El escrito subraya que, a pesar de que existe un Protocolo de Prevención y Protección frente a la Violencia Laboral, este habría sido vulnerado por la propia autoridad encargada de garantizarlo. Para los denunciantes, esa contradicción profundiza la desconfianza de la sociedad hacia el sistema de justicia provincial.
La base legal del planteo se apoya en la Constitución de Río Negro, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y el Código de Ética Judicial, que exige a los magistrados integridad, decoro e imparcialidad. En este marco, se sostiene que la conducta atribuida a Cendón configura mal desempeño y falta de idoneidad para ejercer el cargo.
Ahora, la decisión queda en manos del Consejo de la Magistratura. Si se habilita el proceso, la fiscal enfrentará un juicio político que podría removerla de su cargo. En caso de que se desestime, quedará instalada la duda sobre cómo se gestionan internamente las denuncias de maltrato dentro del propio Poder Judicial.
