Sin hacer demasiado ruido, el Congreso le asestó otro golpe a Javier Milei. Y lo hizo en un tema muy sensible para el Gobierno: los desmanejos en la inteligencia. La comisión bicameral que preside Martín Lousteau le dijo a la Casa Rosada que debía reformular el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que presentó hacia finales del año pasado. El PIN fue objetado por organizaciones de derechos humanos, que advirtieron que sería un instrumento que le daría luz verde a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para vigilar a opositores, periodistas, “grupos vulnerables”, activistas e incluso economistas que no siguen el libreto del Presidente. De manera unánime, la bicameral señaló que lo que había enviado la SIDE está reñido con la Ley de Inteligencia (25.520), según pudo reconstruir Página/12.
La polémica con el PIN se arrastra desde hace al menos diez meses. El año pasado, Sergio Neiffert, titular de la SIDE, se reunió con los integrantes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) para presentar el documento. En ese momento, explicó que la administración de La Libertad Avanza (LLA) se había demorado, en parte, por los cambios que había hecho: la resurrección por decreto de la SIDE –con el mismo nombre que tuvo entre 1976 y 2001– y la salida del primer titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori, entre acusaciones de que espiaba para el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
La reunión entre Neiffert y los integrantes de la CBI fue tensa. En noviembre del año pasado, la Unión Cívica Radical (UCR) vinculó dos ataques que habían sufrido sus oficinas con las críticas que Lousteau había hecho sobre el PIN presentado por la SIDE.
La polémica se reinició en mayo de este año, cuando el periodista Hugo Alconada Mon publicó en La Nación que el PIN habilitaría el espionaje sobre periodistas y disidentes. La revista Crisis también analizó el documento y mostró que entre los objetivos de inteligencia podrían estar ambientalistas o activistas.
El Gobierno negó estas versiones a través de un comunicado difundido el 25 de mayo. “Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”, afirmaron desde la Oficina del Presidente.
Sin embargo, la CBI –donde está representados LLA y aliados como Cristian Ritondo– votó esta semana un documento sumamente crítico con el PIN. Afirma que los lineamientos estratégicos difieren de lo que establece la Ley de Inteligencia y que meten a los organismos de inteligencia en áreas que no les corresponden.
Uno de los puntos que generó preocupación en la CBI es que el PIN decía que había sido “consensuado” con el Presidente. En realidad, esa afirmación también es contraria a la norma. En su artículo 12, la Ley 25.520 afirma que es el Presidente quien fija los lineamientos estratégicos y los objetivos generales del PIN. No los acuerda con el jefe de la SIDE ni con otros funcionarios.
Para algunos de los integrantes de la CBI, fue como un reconocimiento de que Milei es, en parte, un “convidado de piedra” de su propio Gobierno. El Presidente suele desentenderse de cuestiones vinculadas al armado político o la gestión. La SIDE, sin ir más lejos, está bajo la influencia del asesor Santiago Caputo, que se sienta en la mesa de decisiones sin integrar formalmente el Gobierno.
Milei se mostró prescindente en el escándalo que se desató tras la divulgación de audios de Diego Spagnuolo, quien decía que la trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) llegaba hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El Presidente únicamente defendió a su hermana. Otros salieron a batallar en su nombre, como lo hizo la ministra Patricia Bullrich, que presentó una denuncia rimbombante sobre un supuesto “espionaje no institucional”.
La CBI también señaló que falta una doctrina de inteligencia. Sin ese marco, la interpretación queda en manos de quienes ejecutan las órdenes. En esa línea, desde el Congreso advirtieron que, por lo que leían, podrían convertirse en objetivos de inteligencia políticos, integrantes de organizaciones sociales –como jubilados o personas con discapacidad–, militantes sindicales e incluso periodistas.
Otro de los puntos que se destaca en el documento aprobado por la CBI es que el Gobierno entiende la protesta como un ataque a las instituciones. No es novedad. En junio del año pasado, la Oficina del Presidente había denunciado la movilización contra la Ley Bases como un intento de golpe contra el Gobierno. En marzo de este año, tras la represión que dejó a Pablo Grillo peleando por su vida, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció un caso de sedición ante la justicia federal, aunque no pudo enviar pruebas que sustentaran su acusación.
La CBI también alertó que se podría entender que los organismos de derechos humanos están en la mira del Gobierno cuando la administración habla de quienes buscan erosionar la confianza en las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas. Además, había preocupación porque, al habilitar la producción de información sobre la situación demográfica, podría ser que se investigue la pobreza o el desempleo como un factor de conflictividad.
La lectura que hacían en el Congreso es que el PIN fue un cúmulo de prejuicios ideológicos, pero no un instrumento metodológico que permita establecer objetivos, líneas de acción e indicadores para medir su funcionamiento o impacto. También decían que la estructura de la SIDE fue incrementándose para saldar rencillas internas o disputas entre los distintos sectores que allí están representados.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614, Milei reformó el sistema de inteligencia. La SIDE quedó dividida en cuatro órganos desconcentrados: el Sistema de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División Asuntos Internos (DAI).
Para la CBI, algunas de estas dependencias asumieron funciones policiales, algo que está vedado en el artículo 4 de la Ley 25.520. Explicaban, por ejemplo, que la SIDE ahora se compromete en la búsqueda de prófugos. Esto era algo que ya había sucedido en la AFI macrista, cuando llevaron a policías de la Ciudad a hacer tareas de inteligencia. El grupo en cuestión pasó a la fama como los Súper Mario Bros, quienes terminaron involucrados en tareas de vigilancia sobre opositores y aliados de Mauricio Macri.
Otra de las tareas que habría asumido la SIDE es la de realizar custodias especiales. Esto estaría vinculado con las tareas de “avanzada” que, por ejemplo, realiza la Casa Militar antes de la visita del Presidente a un determinado lugar. Durante el gobierno del Frente de Todos se había prohibido que la AFI fuera parte de la “avanzada”. Durante la gestión Cambiemos, el organismo hacía ese tipo de tareas. Con ese argumento, la justicia terminó justificando la vigilancia que los espías habían hecho sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en 2017.
Lo detectado por la CBI coincide con lo que habían denunciado meses atrás Paula Litvachky y Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La causa quedó radicada en el juzgado que subroga Sebastián Casanello. El juez delegó la investigación en el fiscal Guillermo Marijuan. Sin embargo, no se detectaron movimientos de relevancia en el expediente.
“El PIN pondría a la estructura de inteligencia a vigilar, analizar y caracterizar distintos aspectos de la conversación pública, es decir, medios de comunicación, plataformas, redes sociales”, había advertido entonces el CELS.
En Comodoro Py hay otras denuncias, sobre todo después de que La Nación publicara que la ASN de la SIDE monitoreó la actividad que opositores, sindicatos y organizaciones sociales desplegaron el 9 de julio. En todos los casos, el avance fue nulo. En La Plata, la fiscal Ana Russo sostuvo que debía investigarse la denuncia que presentó el gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, el juez federal Alejo Ramos Padilla entendió que esa trama ya se estaba analizando en los tribunales federales de Retiro.
