Los 108 trabajadores que todavía quedan en la Petroquímica Río Tercero (PR3) decidieron tomar la planta de la histórica empresa en medio de un conflicto que ya lleva casi un año y más de 300 despidos. Desde el Sindicato de Químicos denunciaron que en medio de la negociación entre la empresa y la representación gremial, se liquidaron los sueldos quitando todo tipo de adicionales de convenio, incluso aquellos de base legal como el pago por horas nocturnas o de días sábados y domingos. Esto redujo la masa salarial en casi un 15 por ciento de los ingresos de los trabajadores.
Lucas Felici, secretario gremial del sindicato Químico y Petroquímico y delegado en PR3, explicó los artilugios de la empresa para precarizar las condiciones laborales: “La planta sigue parada por el lockout patronal. Estábamos negociando reincorporaciones, ellos ofrecieron reincorporar a 8, luego llegamos a 16 y hoy ofrecieron 3 más, pero nosotros tenemos que ceder 10 porciento más del salario. Quieren llevar adelante una rebaja salarial encubierta”. O sea: la última oferta fue reincorporar a 19 personas pero a condición de que todos se rebajen el 25 por ciento el salario.
“Se rompió la mesa y lo que vino después fue el caos. Hubo una reacción fuerte de los laburantes en la asamblea, fuimos a la administración y nos quedamos ocupando la planta”, disparó Felici. La empresa sostiene que de no haber llevado adelante ese ajuste al salario, el grave problema financiero sería imposible de solucionar. “La patronal dio claras señales de que quieren llevar todo a la quiebra, no solo cayéndose por completo las reincorporaciones y las indemnizaciones sino que planteando rebajas salariales en los sueldos de todos los trabajadores que hoy siguen en PR3”, indica el comunicado que hicieron circular.
Por su parte, Felici apuntó también contra el intendente de Río Tercero, el radical Marcos Ferrer: “Ni aparece, no asoma el hocico. Está guardado”. Justo ayer fue el aniversario de la fundación de la ciudad, que cumplió 112 años. Pero el jefe de gobierno –que también es el presidente de la UCR a nivel provincial– no se mete en el conflicto y ya dijo tiempo atrás que “es como si cerrara un comercio”.
El conflicto se inició en octubre de 2024 con 140 despidos de un total de alrededor de 370 personas. Fue cuando cerró la planta de fabricación de TDI, insumo clave de la industria colchonera. En aquel momento, la reacción organizada de los trabajadores logró la reincorporación a treinta de ellos, que tomaron tareas que estaban tercerizadas en el área que todavía estaba operativa. Además, tras fuertes medidas de fuerza como una paralización de la producción de varias semanas, lograron que la empresa complete el pago de las indemnizaciones a los 110 despedidos que no fueron reincorporados y que habían recibido solo la mitad del pago correspondiente.
El 14 de julio de este año la empresa ejecutó el despido de 125 trabajadores sin previo aviso y en este caso sin cerrar ninguna planta ni unidad operativa. Además, no se pagaron las indemnizaciones y hasta existen deudas salariales con esos extrabajadores de la Petroquímica. Mientras tanto, la empresa presentó solo tres días después –el 17 de julio– la convocatoria de acreedores en Buenos Aires. Felici denunció que existe una suerte de vaciamiento. “Nos pusieron a hacer la fila. Desde ese día la empresa no muestra intenciones de poner en marcha esto. Por eso decimos que hay un lockout patronal. Quieren llegar a una deuda fraudulenta: aumentaron la deuda a más del triple en un semestre y son deudas con ellos mismos, con otras empresas del mismo grupo”, dijo el delegado en diálogo con Página/12.
En la empresa solo quedan 88 trabajadores que están representados por el sindicato químico y otros 20 que son jerárquicos, administrativos, etcétera, que están fuera de convenio. Con la liquidación de los salarios del mes pasado todo se complicó ya que los trabajadores comprobaron que habían sufrido las quitas que denuncian. “Bajo esta coyuntura es que decidimos tomar por completo el complejo fabril hasta que la situación se revierta y entiendan que con la dignidad de las familias petroquímicas no se juega”, desafía el comunicado.
En medio de una tensión muy pronunciada, al cierre de esta edición las partes coordinaban una reunión virtual para tratar de destrabar el conflicto. Los trabajadores temen que si no se encuentra una salida concreta pueda haber un desalojo por parte de la policía, que ya marcó presencia en la puerta de la planta aunque por ahora con modos pacíficos.
