Desde Resistencia, Chaco
“Sí, doctor, lo reconozco”, respondió escuetamente el represor Gabino Manader desde su casa, en Resistencia, donde cumple condena bajo el beneficio de prisión domiciliaria. Lo hizo cuando el juez Juan Manuel Iglesias le preguntó si aceptaba su responsabilidad en los delitos que se le imputaban. La escena ocurrió el martes de esta semana, durante una audiencia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, transmitida por videoconferencia y seguida en la sala por sobrevivientes, familiares de víctimas y querellantes.
En un hecho inédito para los juicios por crímenes de lesa humanidad en la provincia, el exsuboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader, admitió su participación en el secuestro de Humberto Aníbal ‘Cacho’ Muñoz, militante de la Juventud Peronista desaparecido en noviembre de 1976.
El TOF, integrado por los jueces Iglesias, Sebastián Gallino y Fabián Cardozo, homologó el juicio abreviado consensuado entre las partes y lo condenó a ocho años de prisión por el delito de “privación ilegítima de la libertad agravada”. La pena se unificó con otras condenas previas y alcanzó los 25 años.
Los juicios abreviados, vale mencionar, son procedimientos penales especiales en los que el imputado reconoce su culpabilidad y acuerda una pena con el fiscal, evitando el juicio oral y público. El juez revisa el acuerdo y, si lo considera válido, dicta sentencia directamente.
La defensa del represor planteó esta posibilidad ante el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general, Federico Carniel, y los fiscales ad hoc, Diego Vigay y Walter Romero, quienes trasladaron la propuesta a la familia de Muñoz. Tanto su esposa, Ramona Pawlisky, como su hermano, Domingo Cayetano Muñoz, acompañaron el proceso y dieron su conformidad, valorando la sentencia como una forma de reparación.
En Argentina, ya existen antecedentes de juicios abreviados en causas de lesa humanidad. Uno de los más recientes se registró en Salta, en octubre de 2024. Joaquín Guil, exjefe del área de Seguridad de la Policía salteña y pieza central del terrorismo de Estado en la provincia, fue condenado por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta a la pena de seis años de prisión por el secuestro y tormentos infligidos al militante de la Juventud Peronista, Mario Alberto Saavedra, ocurrido entre mayo y diciembre de 1976.
“En esta jurisdicción debemos tener no menos de seis juicios abreviados”, comentó a Página/12 el fiscal general de Salta, Carlos Amad. Explicó que esta modalidad se aplica principalmente en casos de lesa humanidad donde hay algunos hechos que “quedaron sueltos” de causas mayores ya juzgadas, con autores que se repiten. Las penas que surgen de estos juicios abreviados luego se unifican con las condenas anteriores.
“Llegamos a esta determinación porque a veces llevar a la víctima por un solo juicio podía revictimizarla. Hablamos con ellas, los querellantes y los organismos de derechos humanos, y estuvieron de acuerdo”, afirmó. Agregó que esta vía también considera la edad avanzada de los acusados, muchos de los cuales tienen entre 80 y 90 años y podrían morir antes de que se complete un juicio ordinario.
Militancia y desaparición
‘Cacho’ Muñoz comenzó a militar en la Juventud Peronista en 1972. En 1974 trabajó como chofer de la Cámara de Diputados del Chaco y del vicegobernador justicialista, Alberto “Toto” Torresagasti. Tras el golpe de 1976, fue cesanteado de su trabajo y sufrió una primera detención política: estuvo 60 días en la Brigada de Investigaciones, uno de los mayores centros clandestinos de detención del nordeste, ubicado a pasos de la Casa de Gobierno, y también en la prisión conocida como “Alcaidía” de Resistencia, donde fue torturado y luego liberado.
La madrugada del 26 de noviembre de 1976, cuatro hombres armados vestidos de civil irrumpieron en la casa familiar en Barranqueras, localidad vecina a la capital provincial, donde Muñoz dormía junto a su pareja y su hijo pequeño. Lo esposaron y lo subieron a un vehículo que se dirigió hacia Antequeras, una zona costera ubicada sobre la margen derecha del riacho que lleva el mismo nombre. Nunca más se supo de él.
Según reconstruyó la fiscalía, entre los autores del secuestro estuvieron los sargentos Gabino Manader y José María Cardozo (ya fallecido). La madre de la víctima, Anselma Ocampo, y la esposa de Muñoz, fueron testigos del operativo y los identificaron.
Desde entonces, sus familiares lo buscaron en comisarías, juzgados y en la propia Brigada de Investigaciones, sin obtener respuesta. Hoy su nombre integra la extensa lista de desaparecidos de la última dictadura.
Un represor emblemático
Manader, uno de los jefes de la patota de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco durante la última dictadura cívico-militar, fue señalado en numerosos testimonios de sobrevivientes por su rol en secuestros, torturas, desapariciones y abusos sexuales. Aunque en el organigrama formal figuraba en la división de Robos y Hurtos, los testigos lo ubican en operativos clandestinos, centros de detención y sesiones de tormentos.
Nacido el 16 de septiembre de 1948, Manader acumuló un extenso prontuario de condenas en las causas Caballero I, II y III y en el juicio Conscriptos. Sobrevivientes lo describen como un represor “sádico, perverso y con voz de mando”, que ejercía un poder real muy por encima de su rango formal de suboficial mayor. Gonzalo Torres, periodista que cubre los juicios de lesa humanidad en la provincia, reseñó que testigos recordaron que se jactaba de entrenamientos en contrainsurgencia en Paraguay bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, e incluso se presentaba como un agente especial, “como James Bond”.
Lleva más de 20 años de condena acumulada, y si bien ya cumplió dos tercios de la pena correspondiente a su primera sentencia, su libertad condicional se encuentra supeditada a causas aún pendientes, entre otras, el secuestro y las torturas a los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa, vinculados a las Ligas Agrarias.
Hasta ahora, Manader había negado sistemáticamente su responsabilidad en operativos ilegales. Repetía que actuaba en hechos por delitos comunes, que “conocía las villas” donde se “metía a las 4 de la mañana a sacar delincuentes peligrosos” y que nunca tuvo contacto alguno con detenidos por razones políticas. En el juicio por la desaparición de Muñoz, por primera vez, lo reconoció.
