La jueza María Servini finalmente concedió el arresto domiciliario a Leonardo Bertulazzi, cuya extradición reclama Italia por haber integrado las Brigadas Rojas. Para el Gobierno de Javier Milei, el de Bertulazzi es un caso testigo en el cual se juega su alineamiento con la premier Giorgia Meloni y su política restrictiva frente al refugio.
Desde el 1 de julio pasado, Bertulazzi, de 73 años, estaba detenido en el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUAI) de la Policía Federal Argentina (PFA). Como denunció el abogado Rodolfo Yanzón, las condiciones en las que estaba alojado distaban de ser acordes para una persona de su edad: dormía en un colchón en el piso, no veía la luz natural y estaba expuesto permanentemente a una radio a todo volumen.
El año pasado, la administración libertaria le retiró el estatus de refugiado del que gozaba desde 2004. Eso derivó en dos procesos distintos. Uno que tramitó en el fuero penal y terminó con la concesión de la extradición. Esa decisión fue confirmada por la Corte Suprema en un fallo exprés del 1 de julio pasado. En paralelo, en el fuero contencioso administrativo tramita un planteo acerca de si la decisión del Gobierno de revocarle la condición de refugiado fue adoptada correctamente.
En dos oportunidades, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal –con los votos de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma– revocó la decisión de Servini de mantener preso a Bertulazzi. Slokar incluso sostuvo que, al no estar firme la revocatoria del refugio, sigue gozando de protecciones especiales.
Este lunes, Servini decidió enviarlo a su casa en el barrio de San Telmo. Bettina, su compañera de más de 32 años, oficiará como garante. La jueza puso una serie de condiciones: deberán colocarle una tobillera electrónica y habrá una consigna de la DUIA en la puerta.
Como hizo el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 con Cristina Fernández de Kirchner, Servini le dio 48 horas a Bertulazzi para que informe quiénes integran su núcleo familiar, quiénes son los médicos que lo atienden y quiénes son los abogados que lo asisten. Ellos podrán ingresar a la vivienda sin pedir autorización.
