El Gobierno convirtió a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en una cloaca. Su exdirector, Diego Spagnuolo –abogado y amigo personal de Javier Milei– salió eyectado del cargo luego de que se filtrara un audio que se le atribuye y en el que reconoce que, frente a sus narices, las altas esferas del Gobierno cobraban coimas para la compra de medicamentos. El vocero Manuel Adorni intentó desviar la atención y anunció este jueves la intervención de la Andis, pero no hubo una sola comunicación oficial hasta ahora que desmienta la veracidad de las conversaciones filtradas, que dan cuenta posibles delitos de corrupción. El despido del funcionario señalado como uno de los encargados de la operatoria, Daniel Garbellini, parece en cambio hasta una confirmación. Las torpezas fueron varias. En un sincericidio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que él no pone las manos en el fuego “por ningún funcionario”, ni siquiera por la hermanísima Karina Milei, a quien Spagnuolo señala abiertamente como parte del entramado recaudatorio junto a Eduardo “Lule” Menem. Entre los dos, se lo oye decir, “se llevan de medio palo para arriba” por mes es en las contrataciones de distintas droguerías con el Estado. A partir de la filtración se presentó una denuncia penal por posible cohecho, que quedó en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quien está evaluando los pasos a seguir. Tal como sucedió con la criptoestafa $LIBRA, un grupo de diputados encabezados por Esteban Paulón impulsan la creación de una comisión investigadora en el Congreso.
La intervención de la Andis fue la punta del iceberg de una crisis política: la salida de Spagnuolo comenzó a circular como una posibilidad concreta casi en simultáneo con el rechazo en Diputados del veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el miércoles por la tarde. El Gobierno había intentado durante todo el día forzar su renuncia, pero no lo logró. La encerrona para la Rosada fue doble: su director de Discapacidad –y uno de los funcionarios más cercanos al Presidente– ventilaba un caso corrupción al mismo tiempo que el Congreso desafiaba la autoridad presidencial y exponía el brutal ajuste sobre el sector, que incluye no sólo el ahogo a los prestadores de servicios de salud y educación, sino también el recorte de cientos de miles de pensiones por invalidez y el desguace del propio organismo.
En medio de la derrota legislativa, el gobierno tampoco tuvo reflejos para salir a alcarar si los audios de Spagnuolo eran verídicos o no, algo en lo que volvió a fallar este miércoles el propio Francos. Consultado sobre el ecándalo, rogó que no lo hagan entrar en detalles. “No me pregunten por supuestos sobre Karina Milei o Lule Menem, porque son temas que tiene que investigar la Justicia”, dijo para salir del paso, luego de admitir que no ponía las manos en el fuego por ningun funcionario.
Antes de ingresar al Hotel Alvear para exponer en el “Council of the Americas”, Francos reconoció que la existencia o no de un pedido de coimas en la ANDIS “la tiene que resolver la Justicia”. “El juez (por Casanello) que está llevando adelante la investigación lo citará al señor Spagnuolo para ver si ratifica los dichos que han aparecido en unos audios que, la verdad, no sé de dónde salieron”.
Casanello ya había descartado una primera denuncia relacionada con la compra de medicamentos de la Andis. Aquel expediente apuntaba a presuntas irregularidades en las contrataciones y no a un posible coecho. Lo curioso es que aquella denuncia fue impulsada por Alejandro Díaz Pascual, un abogado al que se lo vincula con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en base a una investigación de Tomás Ménez que dio a conocer Página/12.
El olor a internas alrededor del caso viene de lejos. Aquella denuncia fue presentada a mediados de 2024, un momento clave dado que se sospecha que el audio filtrado de Spagnuolo fue grabado en esas mismas semanas. Es evidente que alguien entabló la conversación privada con el exfuncionario, le hizo soltar la lengua sobre el asunto de los medicamentos que ya había sido denunciado y lo grabó. La filtración de la charla llegó un año más tarde, con varias de las peleas internas del Gobierno escalando.
Garbellini, el cuerpo del delito
En uno de los tramos del audio atribuido a Spagnuolo, el exfuncionario dice: “A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y que cuando se fue se llevó los discos rígidos de las computadoras. (…) Entonces, van a pedirle guita a los prestadores”. Y agrega: “Le dije que yo estoy denunciando todos los choreos y que abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando vaya y toque a uno me van a decir «flaco, está todo bien, pero vos me venís a pedir guita con estos delincuentes»”.
A falta de alguien más, fue el propio Gobierno el que le puso nombre y apellido “al delincuente que maneja todo” en palabras de Spagnuolo. Se trata de Daniel María Garbellini, al que echaron del cargo de director nacional de Acceso a Servicios de Salud de la Andis en el mismo decreto que a Spagnuolo.
Garbellini, el “delincuente macrista”, tal como dijo el exdirector, había sido el responsable entre 2018 y 2020 del Programa Federal Incluir Salud. Los datos coinciden con la descripción, así que puede decirse que se trató de otro sincericidio oficial: una forma de dar por ciertos los audios de Spagnuolo.
El Programa Federal Incluir Salud, además, es el que está en el centro de la Ley de Emergencia que vetó Milei y que el Congreso busca salvar. Incluir Salud es la obra social estatal de las personas con discapacidad, que permite acceder a las prestaciones de salud y rehabilitación que hoy están emergencia, con los ingresos congelados desde diciembre pasado. Para acceder al programa, primero, hay que contar con una pensión por discapacidad: el Gobierno ya dio de baja a 100 mil beneficiarios este año –proyecta, con las auditorías en marcha, llegar a las 400 mil–, así que viene recortando el acceso.
Un proceso similar se dio durante el macrismo, que había recortado hasta 2017 unas 60 mil pensiones, lo que motivó un amparo colectivo de las organizaciones sociales que duerme en los despachos de la Corte. Garbellini llegó a la Andis macrista unos meses después, para completar la faena. Antes había sido funcionario del área de salud de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Respecto de las pensiones, Adorni dijo que “han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan” y que, “en ese marco, se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”. La frase es un paso de comedia: las auditorías fueron impulsadas por el propio Spagnuolo, lo cual de antemano ya predispone a dudar de su transparencia. Por otro lado, tal como reveló en su momento Página/12, fueron denunciadas ante organismos internacionales por su carácter discriminatorio. Además de recortar para atrás, el funcionario saliente se encargó de endurecer los requisitos para futuros beneficiarios, incrementando las barreras para acceder a la pensión. Los nuevos parámetros fueron establecidos en la infame resolución de la Andis que contenía insultos hacia el colectivo como “débil mental” e “idiotas”, por la que Spagnuolo debió salir a pedir perdón.
Comisión investigadora
En el marco del escándalo, el diputado Esteban Paulón y otros legisladores solicitaron la conformación de una comisión investigadora en el Congreso. “La justicia y el Congreso deben avanzar. Por eso junto a Diputadas de diversos bloques impulsamos una Comisión Investigadora que ponga luz ante tanta opacidad”, dijo. Por otro lado, el diputado Maxi Ferraro denunció a Karina Milei. “Nos presentamos ante la Justicia para que se lo cite como testigo en la causa en la que ya habíamos denunciado a Karina Milei por la posible comisión de delitos en el ejercicio de la función pública.
El gobierno mata al mensajero para tapar su corrupción. Caiga quien caiga no puede haber más impunidad en la Argentina”, dijo.
