Familiares, víctimas y referentes de derechos humanos se congregaron en los tribunales federales de La Plata, en la esquina de las calles 8 y 50, para reclamar que los jueces dicten condena contra Juan José “Pipi” Pomares por su rol en la banda de ultraderecha conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU). La causa está desde hace más de seis años dando vueltas entre la capital bonaerense, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema.
Pomares (70) fue juzgado en 2017 por secuestros y homicidios. El “Pipi”, quien ostentaba el grado de “capitán” dentro de la CNU, resultó absuelto, a diferencia de Carlos “Indio” Castillo, que fue condenado a prisión perpetua. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata entendió que no tenía los suficientes elementos para condenarlo por lo que pasó con Úrsula Barón, Daniel Pastorino, Néstor Dinotto y Graciela Martini.
Graciela Martini era militante de la Juventud Peronista (JP) al igual que su pareja, Néstor Dinotto. El 4 de abril de 1976, una patota entró a la casa de los padres de Graciela, donde mantuvo cautivos a su mamá y a un hermanito. A Graciela y a Néstor los encontraron cuando viajaban en un auto con una pareja amiga –Barón y Pastorino. Martini y Dinotto fueron torturados y asesinados. A Barón y Pastorino los liberaron después de someterlos a simulacros de fusilamiento.
Las querellas recurrieron la absolución de Pomares. En abril de 2019, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución del “Pipi” y reenvió el caso al TOF1 de La Plata para que dictara una nueva sentencia. En junio de 2020, el TOF insistió con la absolución, y en junio de 2021 la Casación volvió a anular la resolución. En esa ocasión, reenvió el expediente y pidió que los jueces le imprimieran la celeridad necesaria.
Sin embargo, Pomares llevó el tema a la Corte Suprema. En el TOF de La Plata resolvieron esperar a que se pronunciaran los cortesanos. El máximo tribunal rechazó el recurso de Pomares en diciembre de 2023, pero el tema sigue sin resolverse.
Uno de los problemas que existen en el TOF1 de La Plata es que no hay jueces titulares. Su composición cambia con frecuencia. En este momento, lo integran dos jueces de Comodoro Py, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñíguez, y Roberto Minguillón, que viene del TOF de Mar del Plata.
Este viernes, víctimas y familiares de las víctimas firmaron una nota para pedirles a los jueces que resuelvan la situación de Pomares. “¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? ¿Quiénes son los responsables de hacer efectivos los compromisos que el Estado tiene respecto al esclarecimiento y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad?”, dice el escrito.
El TOF tiene previsto comenzar un nuevo juicio sobre el rol de la CNU en los próximos meses. Fijó para el 15 de diciembre la audiencia en la que se discutirán las cuestiones preliminares. El comienzo del proceso sería el 23 de febrero.
En ese tramo, vuelven a estar acusados Pomares y Castillo. También será juzgado Antonio Agustín “Tony” Jesús, que jamás fue juzgado. Para las querellas es fundamental que se resuelva la situación de Pomares antes de avanzar.
La CNU fue una organización armada paraestatal que tuvo su centro de gravitación en La Plata y Mar del Plata. Los integrantes de este grupo, según consignó la Unidad Fiscal de La Plata, tenían como objetivo la eliminación de aquellos a quienes ellos consideraban “subversivos” u opositores a la derecha peronista. En general, la CNU actuó en conjunto con las fuerzas armadas y de seguridad, con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y con la Triple A –la banda criminal que tenía arraigo en el Ministerio de Bienestar Social de José López Rega.
La CNU tenía su sello característico: sus integrantes solían acribillar a sus víctimas con gran cantidad de impactos de arma de fuego. Los cuerpos, en general, eran abandonados en descampados o a la vera de caminos. Eran ejecuciones que buscaban sembrar el terror en el resto de la militancia, particularmente en los meses previos al golpe de Estado.
