El Gobierno provincial informó que las medidas buscan ordenar la administración pública y respaldar a quienes cumplen con su tarea. Las faltas más graves incluyeron abandono de servicio y condenas penales.
Desde enero de 2024, la administración pública rionegrina registró 428 sanciones disciplinarias a empleados estatales, según datos difundidos por la Secretaría de la Función Pública.
Del total, 74 correspondieron a cesantías, 4 a exoneraciones y 350 a suspensiones de entre 1 y 30 días. Todas las medidas se aplicaron bajo la Ley Nº 3487, que regula el Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, defendió las resoluciones:
“Las sanciones son necesarias para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los trabajadores que cumplen cada día con su tarea. Un Estado eficiente también se construye actuando con firmeza ante quienes incumplen”.
En paralelo, se iniciaron 144 sumarios administrativos, se dictaron 71 suspensiones preventivas y se emitieron 21 apercibimientos, además de cerrar 37 casos con sobreseimiento.
Las causas más frecuentes
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Inasistencias y llegadas tarde reiteradas
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Conflictos entre compañeros de trabajo
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Abandono de servicio
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Condenas en causas penales
Las sanciones se deciden tras un sumario administrativo instruido por especialistas. La Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y de los gremios ATE y UPCN, resuelve en base a la gravedad de los hechos, antecedentes del agente y perjuicios al Estado.
Tipos de sanciones según la ley
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Apercibimiento: advertencia formal por faltas leves.
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Suspensión: hasta 30 días sin goce de haberes por inconducta o negligencia.
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Cesantía: desvinculación con posibilidad de reingreso tras 5 años.
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Exoneración: sanción máxima, desvinculación definitiva por delitos graves.
Finalmente, Lastra subrayó que estas acciones forman parte de una política activa de fortalecimiento institucional:
“Corregir lo que está mal también es rendir cuentas a cada rionegrino que paga sus impuestos. El salario debe ser fruto de un trabajo real y bien hecho”.