Durante los primeros seis meses de 2025, el gobierno de Javier Milei aumentó y expandió exponencialmente la represión a la protesta, que superó la cantidad de personas heridas y detenidas en manifestaciones durante 2024. Por ello, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presenta este martes su segundo Informe especial elaborado a partir de las tareas de monitoreo realizadas en manifestaciones “públicas y pacíficas”, en donde el gobierno nacional aplicó la resolución 943/23, conocida como Protocolo Antipiquetes, a fin de relevar el desempeño de las fuerzas de seguridad intervinientes durante el período enero-junio del año 2025. “La decisión política de reprimir es para hacer cesar la protesta, para que no haya reclamos, generar miedo en la población y que no salga a la calle. En definitiva, imponer un modelo económico a través del uso de la fuerza”, dijo a Página/12 Roberto Cipriano García, coordinador ejecutivo de la CPM.
“El gobierno nacional ha adoptado como política la represión a la protesta social, que se agrava con el paso del tiempo, en base al Protocolo Antipiquetes que se presentó como una herramienta para garantizar la circulación en espacios públicos, pero llamativamente el despliegue policial termina impidiendo la circulación, con tres o cuatro veces más agentes que manifestantes que interrumpen el tránsito así como los vallados. Por eso se reprime a manifestantes que están en las veredas o en las plazas, en contradicción con el propio protocolo”, agregó Cipriano García.
Entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2025, los equipos de trabajo de la CPM –identificados con sus chalecos rojos– realizaron tareas de monitoreo del despliegue de las fuerzas en contextos de protesta social en 39 manifestaciones que se desarrollaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 31 de ellas de manera presencial y en 8 a través de medios de comunicación y redes sociales. “La violencia policial se incrementó significativamente en el primer semestre de 2025: en 21 de las 39 movilizaciones monitoreadas, es decir, en 5 de cada 10, se produjeron episodios represivos por parte de las fuerzas de seguridad. Esto es significativamente superior al año 2024, donde se reprimió en 17 de las 60 manifestaciones monitoreadas, esto es en 3 de cada 10”, indica el informe al que accedió Página12.
Cipriano García expresó que “esa represión es cada vez más brutal, más violenta y se ejecuta sobre adultos mayores, niñeces, personal de salud que asiste en las manifestaciones a los heridos, periodistas y defensores de derechos humanos; hay una direccionalidad de esa represión hacia las personas que intentan visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos que las fuerzas despliegan”. A su criterio, además, “hay un escaso compromiso judicial en la investigación rápida y adecuada de estos hechos ilícitos que cometen las fuerzas de seguridad, lo cual es una clara señal de impunidad que convalida ese accionar. Para el coordinador ejecutivo de la CPM, “con esta política el gobierno intenta impedir la protesta, y limitar derechos constitucionales, toda una tradición de lucha del pueblo argentino”.
En virtud de las conductas ilícitas desplegadas por las fuerzas de seguridad y sus responsables políticos, la CPM presentó doce denuncias penales, dos ampliaciones en relación a los hechos represivos del 12 de marzo –cuando fue herido de gravedad el fotógrafo Pablo Grillo–, y una ampliación en relación a una denuncia por las amenazas sufridas por uno de los jubilados que participan en las jornadas de los miércoles. La Comisión observó “un déficit y morosidad importante en materia de reunión y recolección de elementos de prueba, considerando que se trata de acciones de agentes y funcionarios públicos que implican la violación de derechos fundamentales”, y que “la totalidad de las causas analizadas se encuentra en período de instrucción”.
Sistemática violencia estatal
Lo relevado en el informe de dieciocho meses de trabajo de monitoreo sobre las movilizaciones sociales permite dar cuenta de la profundización del proceso represivo y la intensificación de la violencia estatal ejercida sobre los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad federales, al mando de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y de la Ciudad de Buenos Aires. Además, pone en evidencia que se trata de prácticas sistemáticas que dan cuenta de una “política planificada para limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores, movimientos sociales, políticos y sindicales, así como también de grupos particularmente vulnerables representados por las diferentes organizaciones de jubilados y jubiladas que se reúnen, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, a fin de reclamar por sus derechos cercenados o suprimidos”.
Para la CPM, “el incremento exponencial de los hechos de represión –que ocurrieron en 5 de cada 10 movilizaciones en el primer semestre de 2025, contra 3 de cada 10 movilizaciones durante 2024–, da cuenta de la decisión del Gobierno nacional de profundizar el camino represivo por sobre el diálogo y la construcción democrática; se imponen medidas y políticas sin importar los costos y daños que provocan en nuestra sociedad”. El aumento de la represión también hizo crecer la cantidad de personas heridas y afectadas por la violencia estatal, que pasaron de 1.216 en todo el 2024 a 1.251 en apenas seis meses del año 2025, es decir 35 personas más. “La gravedad de las lesiones padecidas por el fotoperiodista Pablo Grillo, mediante un disparo de granada de gas lacrimógeno efectuado por fuera de todos los protocolos y directo a su cuerpo, y el rápido cierre sin sanción alguna del sumario administrativo que investigó su conducta por parte del ministerio de Seguridad, muestran además que se trata de decisiones adoptadas en los máximos niveles de decisión política del Ministerio de Seguridad”.
En sus conclusiones, la Comisión remarcó que también creció el número de personas que padecieron detenciones arbitrarias, pasando de 93 en todo el año 2024 a 130 durante medio año del 2025; detenciones que se desplegaron sobre la creciente militarización del espacio público, duplicando y hasta triplicando la cantidad de efectivos sobre los manifestantes en las movilizaciones. “Sumado a esto, la habitualidad de la intervención de las fuerzas de seguridad portando armas de fuego reglamentarias, la realización constante de tareas de inteligencia ilegal, el despliegue de cuerpos motorizados o de infantería que atrapan a los manifestantes en ‘corralitos’ en la vereda o circulan golpeando a las personas, demuestran el corrimiento constante de los límites legales, la falta de respeto por la vida y el nulo respeto por el derecho o las garantías universales reconocidas en la Constitución desde el nacimiento de nuestro país”, reza el documento. “El derecho a la protesta, a manifestarse, a peticionar a las autoridades, se ha visto enormemente afectado por estas prácticas. El despliegue de esta aceitada maquinaria represiva ilegal, sostenida por el Gobierno nacional, tiene por objetivo generar el temor en quienes se manifiestan, limitar la participación y por tanto la democracia, despojándola de sus elementos esenciales”, agrega.
Odio a quien reclama
“El sentido de la represión es también indisimulable: materializa el odio a quienes reclaman por derechos e instala la violencia como forma de tramitar los conflictos de la desigualdad y el despojo de derechos. El Gobierno nacional ha decido hacer uso del Estado y de sus recursos para garantizar este despojo cercenando la protesta”, indica la CPM. “La institucionalización de la violencia, su legitimación, defensa y celebración generan una fuerte degradación del sistema democrático y sus instituciones. Esa degradación provoca fuertes daños en la trama social, habilita el ejercicio de la violencia física y simbólica sobre los que disienten, rompe las normas y pautas básicas de convivencia y desafilia a la sociedad con su responsabilidad en el ejercicio de la ciudadanía. A esto se agregan el desapego y la apatía, pues las reglas del “vale todo” que impone el gobierno desalientan la participación al considerar que las demandas por derechos son ilegítimas y, por tanto, es impensable encontrar una solución. En definitiva, es la invalidación de la política como territorio donde procesar conflictos y desacuerdos”, concluye el organismo.
A partir del inicio de estas tareas, durante el 2024, la CPM elaboró 5 informes de monitoreo de la represión a la protesta social que fueron presentados al Congreso Nacional, autoridades nacionales, provinciales y organismos internacionales de derechos humanos. Cuatro de ellos fueron parciales, elaborados luego de hechos de represión muy graves ocurridos en diferentes momentos. Y en un informe anual fue analizada la dinámica represiva desde la asunción del gobierno el 10 de diciembre de 2023 hasta 10 de diciembre de 2024.
En estas acciones de monitoreo se desarrollaron de manera conjunta con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura-Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MLPT-CABA), acciones inscriptas en lo resuelto por el Consejo Federal de Mecanismos Locales y las atribuciones conferidas por la ley nacional 26.827 de creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. También se coordinaron acciones con el Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, la organización no gubernamental CEPA (Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios) y las postas sanitarias de diferentes partidos y organizaciones políticas que asisten a las personas heridas en las manifestaciones.
