Desde Santa Fe
Una convención de 69 miembros con la primera minoría del oficialismo local comenzará este lunes el proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe, cuya última versión data de 1962, cuando no existía ni la televisión por cable. El gobernador Maximiliano Pullaro, que será uno de los reformadores, tiene por objetivo central que la carta magna habilite la posibilidad de su reelección por un nuevo período, chance que no está contemplada en el texto actual. A pesar de la buena cosecha de sufragios en abril, la alianza Unidos -que rejunta radicales, socialistas y el PRO- obtuvo 33 bancas, lo que la obligará a buscar acuerdos con sectores de la oposición para alcanzar mayoría.
El artículo 64, perteneciente al Capítulo I, Sección cuarta de la ley que en diciembre pasado declaró la necesidad de la reforma, contempla el principal objetivo político del radical Pullaro al promover la actualización del antiguo texto magno: “Establecer los alcances de la reelección para los cargos de gobernador y vicegobernador”, dice. Antes lo intentaron -sin suerte- los mandatarios socialistas Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, que a diferencia del radical no tuvieron mayorías propias en ambas cámaras de la Legislatura provincial.
Composición de la Convención
En las elecciones de constituyentes del 13 de abril pasado, Unidos para Cambiar Santa Fe consiguió 33 de las 69 bancas de la Convención reformadora con Pullaro como primer candidato. En segundo término se ubicó el panperonismo liderado por el concejal rosarino Juan Monteverde bajo el nombre de Más para Santa Fe, con 12 escaños, dos más que los 10 que obtuvo La Libertad Avanza, en una lista que encabezó el diputado nacional Nicolás Mayoraz.
Somos Vida y Libertad, la agrupación de Amalia Granata, se quedó con 7 bancas y un desgajamiento del PJ liderado por el senador nacional Marcelo Lewandowski, denominado Avancemos, atesoró 4 escaños. Con tres convencionales contará, por su parte, el experimento multipartidario encabezado por la excampeona mundial de box, Alejandra “Locomotora” Oliveras, bajo el nombre de Frente de la Esperanza.
Durante el fin de semana se sucedían las reuniones entre el oficialismo y las principales bancadas opositoras para ultimar los detalles del reglamento de funcionamiento de la Convención, que no estaba acordado a pocas horas del inicio del proceso. Este lunes, durante la primera sesión que se realizará en el recinto de la Cámara de Diputados, prestarán juramento los 69 reformadores y se elegirán las autoridades del órgano.
Unidos tendrá la presidencia de la Convención, mientras se discutía la cantidad de vicepresidencias, con el objetivo de “dejar representados a todos”, dijo a Página/12 un negociador del oficialismo provincial: allí estarían Más para Santa Fe, La Libertad Avanza y, tal vez, la fuerza de Granata, quien mantiene un enfrentamiento personal con el gobernador Pullaro.
Tampoco estaba resuelto, al cierre de esta nota, en cuántas comisiones se dividirá el trabajo y, lo más trascendente, qué cantidad de votos se tomará como mayoría. El Gobierno planteaba que fueran 35 convencionales (de decir, la mitad más uno), mientras gran parte de los opositores proponía que los temas más importantes del nuevo texto se aprueben con dos tercios.
Las otras reformas
Además de la posibilidad de reelección de gobernador y vice, la ley que habilitó la reforma constitucional santafesina incorporó como temas a tratar durante 40 días corridos -prorrogables por otros 20- la limitación de los mandatos de senadores y diputados provinciales, intendentes y presidentes de comuna, que serían de dos períodos continuados (8 años).
También la ampliación de la Corte Suprema de 6 a 7 miembros, la creación de un Consejo de la Magistratura con rango constitucional, ampliar al período de sesiones de la Legislatura -que ahora comienza recién el 1º de mayo de cada año- y “eliminar la inmunidad de proceso” de sus integrantes, que con el actual texto ni siquiera pueden ser llamados a audiencia imputativa (homologable con una declaración indagatoria).
Enancado en su discurso de “mano dura” y demagogia punitiva, el gobernador aseguró durante la campaña que “si ganamos en la elección por la reforma, no habrá un solo concepto garantista en la nueva Constitución”, lo que los especialistas en derecho consideran un oxímoron, porque un texto magno implica, básicamente, establecer garantías, deberes y derechos.
En su juego doble juego de acercamiento y diferenciación con el presidente Javier Milei, el mandatario santafesino mandó a establecer entre los puntos de la reforma “incluir el criterio de responsabilidad fiscal, con énfasis en la sostenibilidad y la transparencia”, bajo la premisa dogmática del superávit de las cuentas públicas a como dé lugar.
Pero en paralelo, el texto propone que las jubilaciones y pensiones del sector público “sean atendidas por medio de un régimen público de reparto, basado en la solidaridad, a cargo de una institución del Estado provincial de carácter intransferible a otras jurisdicciones”, lo cual generó un cortocircuito al interior del oficialismo entre el PS y el PRO.
El Gobierno afirmó en la previa que buscará acuerdos amplios en la Convención para “darle legitimidad” al nuevo texto constitucional. Los dos votos que le faltan para conseguir mayoría, lo obligan.
