La causa donde están procesados los integrantes de la agrupación violenta Revolución Federal (RF), cuya actividad precedió al intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, corre riesgo de ser elevada a juicio en forma parcial. El juez Marcelo Martínez de Giorgi les notificó a las querellas su intención de mandar a un tribunal oral solo la parte de la investigación sobre diversos ataques y hechos amenazantes contra dirigentes políticos, pero dejaría afuera las pistas sobre el financiamiento que habría recibido la organización, que salpican a la familia del ministro de Economía, Luis Caputo. A pesar de que un peritaje contable oficial concluyó que la firma Caputo Hermanos le pagó al referente del grupo Jonathan Morel montos que no tienen explicación para la confección de muebles, nunca nadie de esa empresa fue citado/a a indagatoria.
La matriz de Revolución Federal
Revolución Federal se desactivó después del atentado contra CFK. Algunos de sus miembros quedaron comprometidos penalmente por la agresividad de acciones que llevaron adelante en las calles y por sus expresiones en la plataforma Twitter Spaces, donde hablaban de matar a la expresidenta. También aludían en ese sentido a Máximo Kirchner y al entonces presidente Alberto Fernández. Habían hecho su primera protesta en mayo de 2022, cuando también se presentaron en las redes sociales. Por lo menos dos de sus fundadores, Morel y Leonardo Sosa, mostrarían más de un año después su cercanía con La Libertad Avanza. Sosa se tuvo que retirar de la Cámara de Diputados, repudiado, cuando asistió a una sesión por la (todavía) llamada Ley Ómnibus invitado por la diputada libertaria Lilia Lemoine.
En sus apariciones previas al ataque a la expresidenta no sólo llevaban una guillotina, horcas y antorchas con consignas como “cárcel o bala” dirigida al kirchnerismo, “van a correr” o “todos presos, muertos o exiliados” (con un sol en la “o” como el logo el Frente de Todos). Fueron a tirar basura y amenazar al Instituto Patria, incluso a cuadra de la casa de CFK (cuando comenzaron las movilizaciones para respaldarla durante el juicio de “Vialidad”); insultaron, escupieron y les dijeron que les iban a “prender fuego” a las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer; increparon a Juan Grabois en las inmediaciones del Congreso; lo mismo al actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; atacaron al periodista Lautaro Maislin; también en un vivo de Twitter a Víctor Hugo Morales; a Victoria Donda –ex titular del INADI–, que es hija de desaparecidos, Morel le gritó “vas a tener el mismo destino que tus viejos, hija de puta”. Otro integrante, Gastón Guerra, golpeó el auto de Sergio Massa.
Morel, Sosa, Guerra y Sabrina Basile fueron detenidos en octubre de 2022 por orden de Martínez de Giorgi. En base a un planteo del fiscal Gerardo Pollicita, el juez los procesó por organizar o formar parte de una agrupación permanente o transitoria cuyo objetivo es “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. El planteo era que habían generado un espiral de violencia y odio que había alcanzado su punto más alto con el intento de asesinato contra Cristina. La Cámara Federal los dejó en libertad dos semanas después y suavizó la calificación: les imputó incitación a la violencia colectiva. Según la primera imputación, podía esperarles una pena de tres a ocho años de prisión. La segunda, convalidada por Casación, prevé un máximo de seis años. Ese grupo iría a juicio, junto con una mujer llamada Lidia Casciano, que aparecía en chats de Whatsapp como “Dali Revolución” y ofrecía su arma 9 milímetros. “Tengo una 9mm, cualquier cosa me avisan”, decía.
Además de los relatos de los damnificados y los registros visuales, en la causa se relevaron los audios de los vivos de Twitter Spaces que protagonizaron principalmente Morel y Sosa. “Hay que matarlos, otra cosas no podés hacer”, decía Morel para referirse a quienes identificaba con el kirchnerismo. Llamaba a poner “una bomba en la Casa Rosada”, “prender fuego la casa de Cristina”, entre otras cosas. A los vivos que realizaban en esa plataforma les ponían nombres. Hubo varios a fines de agosto, cuando también crecían las movilizaciones de apoyo a CFK. “No llegan a diciembre”, bautizaron a un encuentro donde se referían a cómo debía caer el gobierno. “12 años e inhabilitación perpetua”, le pusieron a otro, por el alegato del fiscal Diego Luciani en “Vialidad”. “Y si nos volvemos montoneros”, “Hay que pudrirla?”, “Amor en Recoleta”, fueron otros encuentros.
En una ocasión, Morel dijo que fantaseaba con meterse entre la militancia, hacerse pasar por uno de ellos, cantar la marcha peronista y pasar a la historia. Decía que no podía porque lo conocían “los nenes de La Cámpora” (sic). Esas ideas violentas y asesinas se repetían. Eso fue, además, exactamente lo que hizo el hombre que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag Montiel. A pesar de haber nexos entre Revolución Federal y el grupo que intentó el magnicidio la jueza de atentado, María Eugenia Capuchetti, nunca aceptó juntar los expedientes. La Cámara tampoco. Hasta Sabag Montiel confesó en el juicio oral que había ido movilizarse con RF.
Cómo debilitar una causa
El lunes último, el juzgado de Martínez de Giorgi hizo saber a las partes su intención de dar por terminada la investigación contra Morel, Sosa, Guerra, Basile y Casciano, en relación a los hechos de violencia y de incitación que se les atribuye. Sin embargo, dejaría afuera la parte de la causa que atañe al financiamiento de la organización. Es la misma metodología o similar a la que aplicó Capuchetti con el atentado a CFK en sí: mandó a juicio a Sabag Montiel, a su novia Brenda Uliarte y a Gabriel Carrizo por homicidio agravado en grado de tentativa, pero dejó afuera, en un causa residual, todo lo que atañe a la posible autoría intelectual y, eventualmente, financiamiento del hecho. Sobre eso no sólo no se avanzó, sino que la jueza le quitó la dirección de la investigación al fiscal Carlos Rívolo, y en lugar de esclarecer el posible papel del diputado Gerardo Milman corrió el foco hacia la Policía Federal, cuyo desempeño ya había sido analizado.
La causa sobre RF tiene todo un “capítulo” vinculado al dinero que recibió Morel del Grupo Caputo, en los mismos meses en que la organización de ultra derecha estuvo activa. El joven tenía un pequeño taller de carpintería en Boulogne, decía que había aprendido carpintería por Youtube, y justificó su relación con Caputo Hermanos (que tiene grandes emprendimientos inmobiliarios) como una casualidad. El relato dice que una de las hermanas del actual ministro, Rosana Caputo, pasó por su local, aunque ni siquiera tenía cartel a la calle, y compró unas banquetas y mesa ratona. Se le rompieron, pero en lugar de reprocharle algo le encargó un trabajo gigantesco para equipar un edificio entero, de 60 departamentos, en Añelo, cerca de Vaca Muerta, en Neuquén.
Era un trabajo que Morel no tenía capacidad de hacer por la envergadura de su taller. La mujer, se supone, le encargó 144 respaldos de cama, 144 mesas de luz, 24 mesas de comedor rectangular, 12 mesas de comedor redondas, 60 mesas ratonas, 60 mesas de TV, 24 barras desayunadoras y 60 percheros. De paso le pidió que se ocupara de conseguir sommiers, colchones, cortinas, black out, veladores, sillones, sillas, banquetas y cortinas. Los pagos comenzaron justo cuando RF se presentó en sociedad aquel mayo de 2022 y terminaron dos días antes del atentado.
Un peritaje contable oficial cuyo resultado se conoció en abril, concluyó que Caputo Hermanos había pagado entre 10 y 20 por ciento de más a Morel. Parte del trabajo, decía él, había sido tercerizado, y se hicieron facturas también a nombre de su socia y su novia, recién inscriptas en la AFIP. Según el estudio fue una contratación inexplicable. Y eso que no incluía el flete para trasladar todo más de 1200 kilómetros, ni el pasaje de avión de Morel. “Tomando en cuenta el total de las operaciones, el valor facturado fue un 10,93 % superior respecto al valor mínimo de mercado y un 10,38% superior para el valor máximo de mercado”, dice el documento que firmaron la perito contadora del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales Stella Maris Castaño y el contador Juan Martín Bonilla. Hay pagos por más de 15 millones de pesos que en ciertos casos llegan a ser 40% superiores a los valores de mercado.
Pese a todo, ninguno de los hermanos Caputo que manejan la empresa –representada por el estudio Cúneo Libarona, que integraba el ministro de Justicia– fue citado nunca indagatoria. Es probable que las querellas, al menos algunas de las que actúan en la causa, cuestión que se mande a juicio el caso fragmentado, sin incluir el posible financiamiento de la organización RF.
