“Vamos a vetar, y si se diera la circunstancia que el veto se cae, lo vamos a judicializar”. De esta manera, el presidente Javier Milei adelantó este jueves el veto a las leyes que aprobó más temprano el Senado. Había anunciado con suspenso: “Apuesto a que todos saben 100 mil a uno lo que voy a hacer”.
Fue por más y subió la apuesta en su alocución en la Bolsa de Comercio, por su 171º aniversario. “Y si la Justicia tuviera un acto de celeridad con algo que lleva muchos años, aun así el daño que podrían causar sería mínimo, porque el 11 de diciembre se lo vamos a dar vuelta”. Así se mostró confiado de tener un buen resultado en las elecciones legislativas de octubre. “La política del superávit fiscal es permanente”, remató entre aplausos.
Asimismo, expresó que su gobierno ya hizo más reformas que el de Menem y agregó: “Lo hicimos con 15 por ciento de la Cámara de Diputados, siete senadores y una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia”, en clara alusión a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
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Un rato antes, y de manera abrumadora, la Cámara Alta había aprobado el aumento del bono jubilatorio, la recomposición del 7,2 por ciento y la extensión de la moratoria, además de la emergencia en discapacidad. En el paquete, además, se aprobó el rechazo al veto presidencial de la ayuda a Bahía Blanca por 51 a 0 que deberá ser refrendada en Diputados para quedar firme.
En X, el miércoles pasado, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez manifestó que no hay manera de judicializar un veto exitoso del Congreso y que el Gobierno está obligado a acatarlo.
“La insinuación de @JMilei como titular del Poder Ejecutivo de ‘llevar a la justicia una ley sancionada por el Congreso’ no tiene ninguna clase de fundamento constitucional y desconoce el funcionamiento del sistema republicano. Además sería absurdo una causa donde el Estado Nacional demande al Estado Nacional, en la cual además, quien promueve y contesta la demanda es el mismo órgano: la Procuración del Tesoro de la Nación”, escribió el abogado.
Añadió lo siguiente: “Ahora bien, si después de casi dos años en donde gran parte del Poder Judicial federal no penal se esconde tras la falta de legitimación procesal, la ausencia de caso, la no acreditación de gravamen directo y otras hierbas restrictivas para evitar ejercer el control de constitucionalidad ante las conductas autocráticas de este gobierno, existe un juez o jueza que tramite este mamarracho jurídico, entonces el problema se convertirá en algo mucho más grave: será la claudicación definitiva del Poder Judicial como poder independiente”.
