En el último día de gestión con facultades delegadas, que arrancó a palazo limpio contra despedidos de Georgalos en Panamericana, el gobierno de Javier Milei dispuso por decreto una reforma integral de cuatro de las cinco fuerzas de seguridad federales, que ahora tendrán 90 días para presentar proyectos de reglamentación y adecuación. Las reestructuraciones sobre el filo de la chicharra, para evitar el debate en el Congreso, actualizan leyes orgánicas, estructuras y competencias de Gendarmería, Prefectura, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los decretos llevan las firmas de Milei, su jefe de gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad y cara visible de las políticas represivas de la última década, Patricia Bullrich. En todos los casos, confirman la vigencia de las designaciones de los actuales jefes y subdirectores mientras se completen los procesos de transición.
En el caso de Gendarmería, el decreto 454/2025 aprueba un Estatuto que reemplaza regulaciones vigentes desde 1971. Entre otros puntos, se establecen nuevos criterios para escalafones, grados jerárquicos y ascensos, y se reorganizan áreas clave para reforzar tareas de control fronterizo y lucha contra delitos federales complejos, como narcotráfico o terrorismo. También autoriza a la fuerza a inmiscuirse en el campo digital y el ciberespacio, con la excusa de combatir el ciberterrorismo.
“El nuevo Estatuto propuesto constituye una reforma integral que persigue múltiples beneficios concretos, entre los cuales se destacan: la racionalización de funciones; la jerarquización de la carrera profesional; la modernización de la estructura organizativa; la incorporación de principios de buen gobierno, transparencia y control y la consagración de un régimen disciplinario ágil, eficaz y que asegure el debido proceso”, explican en los considerandos. La norma deroga la Ley de Gendarmería 19.349, que establecía la estructura y funciones de esa fuerza, y cuatro artículos de la Ley 18.711 sobre fuerzas de seguridad, que detallaba la jurisdicción de GNA.
Para el Servicio Penitenciario Federal, el decreto 455/2025 establece un nuevo estatuto, que reemplaza la Ley Orgánica de 1967, y traspasa a ese organismo de la órbita del Ministerio de Justicia al de Seguridad. La reforma redefine estructura, jerarquías, escalafones y plan de carrera, en teoría para modernizar la administración de las cárceles federales. Entre otras medidas, se crea un esquema de direcciones generales específicas, se prevé un Plan de Infraestructura Penitenciaria y se autoriza la reubicación de establecimientos en zonas urbanas para mejorar las condiciones de detención y la seguridad.
Con la “modernización” como objetivo, se explica en los considerandos la necesidad de “establecer una nueva estructura y régimen de personal que sustente sólidamente los valores y principios éticos institucionales actuales, como la observancia del Estado de Derecho, el respeto por los Derechos Humanos (sic), el compromiso con la función pública, la honestidad, el profesionalismo, la integridad, la justicia, la prudencia, la confidencialidad, el trabajo en equipo y la rendición de cuentas”.
En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), creada en principio para proteger aeropuertos y operaciones aeronáuticas, el decreto 456/2025 amplía su alcance operativo y la habilita a realizar tareas por fuera del entorno aeroportuario, por ejemplo de seguridad interior en otros medios de transporte. La gestión Bullrich de hecho ya usa a la PBA en los megaoperativos contra jubilados todos los miércoles. La norma crea un nuevo escalafón técnico profesional, que incluye la figura del cadete, más un nuevo sistema disciplinario y un tribunal de conducta. También reorganiza la estructura interna y crea el cargo de subdirector nacional.
“Es necesario otorgar mayor certeza en ciertas funciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para prevenir y combatir la delincuencia, con la finalidad de fortalecer un modelo policial proactivo sobre criterios de racionalidad y eficiencia con el fin de optimizar la operatividad policial, garantizando una rápida respuesta a las demandas de la sociedad, bajo la dirección y coordinación del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL”, explican en los considerandos.
Finalmente, en el caso de Prefectura, el decreto 457/2025 modifica la ley 18.398, de 1969, para actualizar la dependencia orgánica bajo el Ministerio de Seguridad, ampliar funciones como autoridad marítima y darle rango legal al Sistema Guardacostas, una plataforma de vigilancia y control de los espacios marítimos, fluviales y lacustres. La reforma incluye nuevas facultades en materia de seguridad, policía judicial, prevención de contaminación de buques y control de la pesca, a la vez que elimina funciones obsoletas como la tramitación de privilegios postales. La norma reorganiza la estructura de la fuerza y unifica competencias relacionadas con la pesca, el control ambiental en el mar y el sistema guardacostas.
